A pesar del reconocimiento oficial del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, organizaciones sociales y expertos cuestionan la tramitación ambiental del proyecto Casino Dreams, emplazado a 400 metros del área protegida.
La declaratoria oficial del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, formalizada mediante la Resolución Exenta N° 6798 del Ministerio del Medio Ambiente, marcó un hito ambiental para Talca. La comunidad celebró la decisión, considerando que activaría resguardos efectivos ante futuros proyectos con potencial impacto ecológico.
Sin embargo, el avance del Casino Dreams, ubicado a aproximadamente 400 metros del humedal, tensionó esa expectativa. El proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante una Consulta de Pertinencia. Este mecanismo está diseñado para consultas preliminares. No se usó como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que abrió un debate jurídico, ambiental y social.
La Ley 21.202, que modifica la Ley 19.300, establece la protección de humedales urbanos. Exige que actividades o proyectos susceptibles de impactarlos ingresen al SEIA. Organizaciones ciudadanas sostienen que, por su escala y proximidad, el casino debió someterse a una evaluación ambiental más rigurosa. La autoridad, en tanto, no ha declarado que el proyecto incurra en ilegalidades. Esto se debe a que la Consulta de Pertinencia está contemplada dentro de la normativa vigente.
Espacio para el diálogo
El abogado y director de BIOEcoTerra, Fabián Olave, criticó la falta de espacios formales para expresar inquietudes ante la autoridad ambiental: “Llevamos meses solicitando audiencia con la Dirección Ejecutiva del SEA sin respuesta. Esto instala un precedente preocupante sobre participación y equilibrio institucional”.
De acuerdo con registros de Ley de Lobby, representantes del proyecto sostuvieron reuniones oficiales con el SEA, procedimiento ajustado a la ley. No obstante, organizaciones sociales cuestionan la asimetría en la posibilidad de acceder a las mismas instancias de diálogo.
En paralelo, la Dirección de Obras Municipales de Talca otorgó el permiso de edificación del casino. Consultado por organizaciones ciudadanas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo recibió solicitudes de fiscalización, sin que hasta ahora se reporten sanciones ni pronunciamientos públicos concluyentes.
Especialistas en derecho ambiental coinciden en que Chile cuenta con un marco normativo robusto. Sin embargo, su efectividad depende de criterios administrativos, oportunidad en las fiscalizaciones y capacidad instalada de los órganos competentes para hacer cumplir la regulación.
El debate trasciende al humedal. Las organizaciones plantean interrogantes sobre:
- Aplicación real del marco legal ambiental.
- Acceso equitativo a instancias de participación ciudadana.
- Coherencia institucional en la planificación territorial.
- Confianza pública en los procesos de evaluación ambiental.
El Humedal Urbano de Talca cuenta con reconocimiento oficial, pero su cercanía con un proyecto inmobiliario de gran escala expone tensiones entre desarrollo urbano, normativa ambiental y percepción ciudadana sobre protección efectiva. La autoridad no ha acreditado incumplimientos normativos, pero el caso reabre el debate sobre la oportunidad y profundidad de la evaluación ambiental en zonas ecológicamente sensibles.
