Iván Palomo G., director del Centro de Longevidad VITALIS, Universidad de Talca.
La aprobación del proyecto de ley que promueve el envejecimiento digno, activo y saludable es una buena noticia. Largamente esperada, necesaria y justa. Pero también es una señal clara de que ahora comienza la parte más difícil: convertir la ley en realidad, especialmente en regiones como el Maule.
Chile envejece rápido, y la Región del Maule lo hace aún más. El Censo 2024 muestra que nuestra región alcanza un índice de envejecimiento cercano a 84 (Promedio Chile 79), reflejando una transformación demográfica profunda que impacta directamente en la vida cotidiana de las comunas. No se trata de una cifra abstracta: se expresa en centros de salud exigidos, en barrios poco accesibles, en transporte inadecuado y en personas mayores que siguen esperando respuestas concretas.
La nueva ley es un avance porque reconoce derechos largamente postergados: la no discriminación por edad, la autonomía, la participación, el acceso a la salud, a la educación, a la cultura y a la justicia. También porque obliga al Estado a contar con una Política Nacional de Envejecimiento, superando la lógica de programas fragmentados y de corto plazo.
Sin embargo, ninguna ley se implementa sola. Por eso, el llamado hoy es claro. Al Ejecutivo, para que promulgue prontamente la ley y priorice la elaboración y aprobación de sus reglamentos, sin dilaciones innecesarias. A los gobiernos regionales, para que integren el envejecimiento en su planificación estratégica y presupuestaria. Y a los municipios, porque es en el nivel local donde esta ley se juega su credibilidad.
Hablar de envejecimiento digno no es solo hablar de cuidados. Es hablar de entornos accesibles, de ciudades y zonas rurales amigables, de participación social real, de prevención, de salud primaria fortalecida y de oportunidades para seguir aportando a la comunidad. También es reconocer que invertir hoy en envejecimiento saludable evita costos sociales y sanitarios mucho mayores mañana.
Nuestra Región tiene una oportunidad. Puede transformarse en un referente regional en la implementación de esta ley, articulando universidades, servicios públicos, municipios y organizaciones sociales. Pero para ello se requiere decisión política, coordinación intersectorial y voluntad de escuchar a las propias personas mayores.
Celebrar la aprobación es correcto. Conformarse con el aplauso no lo es. Las personas mayores ya esperaron demasiado. Esta ley debe promulgarse pronto, reglamentarse sin retrasos y ejecutarse con sentido territorial. El envejecimiento digno no admite más postergaciones.
