Por Paula Villalobos, abogada y ex jueza de Familia.
Imagine esto: usted entra a una sala de tribunales con un problema serio—una estafa, una agresión, una disputa familiar, una demanda laboral—y antes de que alguien abra la boca, ya siente que el resultado está decidido. No por los hechos. No por la ley. Sino por quién es laotra persona: si tiene un apellido conocido, un cargo, un contacto, si puede pagar un estudio grande, si llega con un expediente decorado y usted solo trae su historia y un par de papeles.
Hoy Chile enfrenta una crisis de confianza en el sistema de justicia y, en particular, respecto del Poder Judicial. Y cuando la justicia se vuelve sospechosa, la convivencia social se vuelve frágil: la gente deja de denunciar, se resigna, se distancia del Estado, se refugia en la rabia o en “arreglar” las cosas a su manera.
La crisis ya tiene nombres y hechos
En estos últimos meses hemos visto varios ministros de Cortes removidos, acusaciones graves, investigaciones penales en curso. El caso de la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -hoy imputada por cohecho reiterado y lavado de activos- es un golpe que atraviesa la pantalla: instala esa percepción incómoda en los hogares. Y cuando, además, se producen destituciones de ministros vía acusación constitucional, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: “algo muy serio está pasando”.
La justicia se sostiene en una idea simple: la imparcialidad, y cuando esa idea se agrieta, todo lo demás tiembla.
Entonces la percepción ciudadana tenía sustento.
Hay un dato que debiera removernos profundamente: en una medición reciente, el 78% de las personas cree que las sentencias están influidas por el poder y el dinero. Y un 57% identifica la corrupción como el principal problema del Poder Judicial. (Informe Claves Ipsos, enero 2026). Dicho en simple: para mucha gente, la justicia no se siente como una cancha pareja, sino como un lugar donde algunos entran con ventaja desde el comienzo.
Y otro dato igual de elocuente: según la Encuesta CEP (2025), la confianza en los tribunalesronda el 16%. Piénselo así: de cada 10 personas, apenas 1 ó 2 confían.
Entonces la pregunta obvia es: ¿cómo se sostiene un sistema, si casi nadie le cree?
La segunda herida: entramos al sistema “a ciegas”
Aquí viene lo más silencioso: a 20 años de la Reforma Procesal Penal, el 68% de las personas dice conocer “poco o nada” sus derechos en el sistema de justicia penal. Es decir: la mayoría no sabe qué puede exigir, qué no debe aceptar, qué significa un plazo, qué pasa si no entiende una resolución, a quién acudir.
Y si usted no conoce sus derechos, entra en desventaja incluso cuando tiene la razón.
Y el diagnóstico se profundiza con otra cifra: la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022 muestra que el 64,8% cree que en Chile no está asegurado un proceso judicial justo y sin discriminación. Por tanto, no se trata solo de “corrupción”, hablamos de sentir que el trato puede variar según el apellido, la comuna, el acento, la apariencia o la cuenta bancaria.
Con esto ya nos queda claro que esta es la percepción social instalada. Y la percepción también gobierna conductas: si la gente cree que no será tratada justamente, simplemente no entra; o entra con miedo, entra con rabia o entra forzada a aceptar un acuerdo que considera injusto. Y así se rompe la idea misma de justicia.
Chile ya dijo lo que necesita: orientación y difusión de derechos
Cuando se consultó a la ciudadanía en un proceso de participación para el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, las prioridades fueron claras: orientación legal (61,1%) y difusión de derechos (36,7%).
Eso significa algo muy concreto: la gente no está pidiendo más discursos. Está pidiendo que alguien le explique -en simple- qué hacer, dónde ir, qué documentos llevar, qué derechos tiene, qué recursos existen, cuánto demora y qué es razonable exigir.
Porque la justicia, cuando no se entiende, se siente como amenaza. Y cuando se logra comprender, se siente como protección.
El sistema de justicia puede estar haciendo su trabajo cada día en los Juzgados y aun así ser vivida y percibida como inaccesible.
Medidas para recuperar confianza: integridad, claridad y acceso
Como ex jueza de familia lo digo sin rodeos: la confianza no vuelve con comunicados ni con buenas intenciones. Regresa cuando el sistema se deja mirar de frente y acepta controles reales, no simbólicos; cuando explica sus decisiones en un idioma que la gente entienda, sin esconderse detrás de tecnicismos; y cuando garantiza orientación jurídica oportuna, porque nadie debería llegar a un tribunal con miedo y a oscuras. Si no hacemos eso, no pidamos fe: estamos pidiendo que las personas confíen en un sistema que muchas veces las hace sentirse pequeñas, confundidas y en desventaja. Y una justicia que se vive así no protege: intimida.
Una idea final (incómoda, pero necesaria)
Si dejamos que la desconfianza gane, perdemos todos: los honestos, las víctimas, los niños, las familias, los trabajadores, las personas mayores. Porque la justicia se manifiesta en una idea simple: que todas las personas valen lo mismo frente a la ley. Si esa idea se erosiona, el país se fractura. Pero si la cuidamos con cambios concretos, Chile se fortalece.
¿En qué momento usted dejó de confiar o qué experiencia sí le hizo confiar en la justicia chilena?
Paula Villalobos Molina
Abogada especializada en Infancia y Familia y ex Jueza de Familia de Linares; litigante, consultora y docente. Comparte análisis y herramientas prácticas sobre justicia y protección de derechos en Instagram.
