Iván Palomo G.
Académico, Universidad de Talca.
En Chile, hablar de cuidados no es hablar de un tema social accesorio: es hablar de la vida cotidiana de miles de familias que, con esfuerzo y amor, sostienen día a día a una persona mayor, a alguien con dependencia, a una persona con discapacidad, a un niño o niña, o a un familiar que atraviesa una enfermedad.
Por años, el cuidado ha sido invisible, se ha resuelto puertas adentro, sin red suficiente, con un costo emocional, físico y económico enorme para quienes cuidan. Por eso, la aprobación (14 enero 2026) del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados es una noticia esperanzadora. Representa el reconocimiento de que cuidar no puede seguir siendo un asunto privado, y que el Estado, las comunidades y los territorios deben organizarse para sostener ese derecho de manera digna, con corresponsabilidad, calidad y continuidad.
Es conocido que nuestro país la población envejece aceleradamente (hoy 20% sobre 60 años y en 2050 30%). Envejecer es normal, no es un problema; el problema es envejecer en soledad, con pobreza, con barreras de acceso, o sin apoyo cuando aparece la dependencia.
El nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados abre la puerta a una institucionalidad que, bien implementada, permitirá mejorar la vida de las personas cuidadas y también de quienes cuidan: generalmente mujeres, un alto porcentaje mayores, muchas veces agotadas, y casi siempre sin reconocimiento.
Desde el Maule, esta noticia debe leerse con atención especial. Somos una región con una fuerte identidad rural, con dispersión territorial y con una alta proporción de personas mayores en numerosas comunas. Aquí el cuidado ocurre, en muchos casos, lejos de centros especializados y con redes familiares tensionadas por la migración, el trabajo informal o la falta de servicios cercanos. El desafío no es solo tener una ley: es hacerla realidad en el territorio, con pertinencia local.
Un Sistema Nacional de Cuidados no se construirá únicamente desde Santiago. Se debería construir en las municipalidades, en los centros de salud familiar, en las postas rurales, en las visitas domiciliarias, en los programas comunitarios, en las residencias, en los centros diurnos, en la capacitación de cuidadores, en la coordinación efectiva entre salud, desarrollo social y gobiernos locales, entre otros. Pero, también se construye fortaleciendo la prevención: porque llegar a la dependencia tarde —o evitarla— es una política inteligente, humana y sostenible.
Esta aprobación legislativa es un buen comienzo; luego que se promulgue se debe implementar, financiar, monitorear, formar equipos, escuchar a las familias. Se debe hacer con sentido de urgencia, porque el cuidado no espera. Chile ha dado un paso importante. El Maule puede —y debe— estar a la vanguardia de este nuevo derecho social: el derecho a vivir con apoyos cuando más se necesita.
