Paula Villalobos Molina, abogada especializada en Infancia y Familia y ex Jueza de Familia de Linares; litigante, consultora y docente.
Hay una frase que en el sistema de protección de la infancia se repite con demasiada ligereza: “Hay que esperar”. Esperar un cupo, un informe, una evaluación, una derivación, una audiencia. El problema es que la infancia no tiene botón de pausa.
Como ex jueza de familia, aprendí que el tiempo en niñez tiene gran impacto: por ejemplo, que un niño de 1 año deba esperar un cupo en salud o en un programa de la red de infancia, por 6 meses, significa hacerlo esperar la mitad de su vida. Por eso, cuando el sistema llega tarde, a veces llega cuando el daño ya se instaló.
En tribunales, las medidas de protección se construyen sobre antecedentes, informes y hechos que deben acreditarse. Ese es el estándar, y debe serlo. El problema aparece cuando, aun haciendo lo que corresponde, el niño queda atrapado en una cadena que se estira: burocracia, falta de oferta, coordinación intermitente, rotación de equipos, y una cultura peligrosa que termina normalizando la demora.
Y seamos honestos: la demora, en protección, no es un “inconveniente”. Es parte del riesgo. Un niño que pide ayuda —directa o indirectamente— y no recibe respuesta, aprende una lección equivocada: que pedir no sirve, que nadie llega, que el mundo adulto falla. Y lo mismo les ocurre a las familias y cuidadores: parten con esperanza, siguen con trámites, y terminan con cansancio y desconfianza.
A esa espera se suma un país donde las cifras duelen. UNICEF ha advertido que el 62,5% de niños y niñas recibe algún método violento de disciplina en el hogar (psicológico y/o castigo físico): dicho simple, es una mayoría creciendo con violencia normalizada. También reporta que un 29,7% de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida, y en niñas la cifra llega a 41%. Y mientras todo esto ocurre, la pobreza sigue apretando: con datos CASEN 2022 que indican que el 10,5% de los niños vive en pobreza por ingresos, siendo casi el doble que los adultos (5,3%). Con este escenario, pedirle a la infancia esperar no es realismo: es abandono.
Como parte del sistema vi cómo la urgencia se puede diluir en el trámite. Vi casos donde todos “hicieron algo”, pero nadie sostuvo el caso completo. Y cuando no hay un responsable claro, cuando los plazos se vuelven elásticos, cuando la coordinación depende de la buena voluntad, el sistema deja a los niños en la peor zona posible: la espera sin certeza.
Por eso, si queremos un piso mínimo de legitimidad en protección, no alcanza con indignarnos después. Necesitamos un giro exigente: plazos de primera respuesta según nivel de riesgo, responsables identificables y seguimiento verificable. No para llenar planillas, sino para impedir que lo urgente se haga costumbre y que la costumbre se convierta en daño.
Y aquí va la parte incómoda: Chile no tiene un ‘problema de infancia’; tiene un problema de adultos. Seguimos -por décadas- anunciando políticas y dictando normas que suenan bien, pero que llegan al territorio sin el presupuesto que sustente los equipos y la coordinación que las vuelven reales. Así, la protección termina siendo una promesa que no alcanza. Y si el sistema no puede garantizar respuestas oportunas, entonces seamos honestos: no basta con llamarlo protección.No es si hicimos esfuerzos. Es si llegamos realmente a tiempo. Porque en niñez, llegar tarde también es fallar. Y si seguimos normalizando la demora, entonces aceptamos que algunos niños crezcan sin protección real. La prevención siempre seguirá siendo el único estándar serio: actuar antes del daño, no explicarlo después.
