Columnista Diario El Centro, abogado, Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Durante décadas las universidades han debido enfrentarse a distintos cambios tecnológicos: internet, la digitalización de bibliotecas, la educación en línea. Cada uno pareció, en su momento, disruptivo. Ninguno, sin embargo, alteró de forma tan profunda la manera de producir conocimiento como lo está haciendo la inteligencia artificial.
Hoy no estamos frente a una herramienta más sofisticada, sino ante una tecnología que participa en la investigación, redacta textos, diagnostica enfermedades, toma decisiones administrativas e incluso influye en procesos democráticos. En este contexto, resulta legítimo preguntarse si las universidades deben involucrarse. La respuesta, en realidad, llega tarde: ya están involucradas. La cuestión relevante es otra —si quieren conducir el proceso o simplemente adaptarse a él.
Crear un Centro Interdisciplinario de Inteligencia Artificial no es, por tanto, un gesto de modernización cosmética ni un nuevo eslogan institucional. Es una definición estratégica sobre el papel de la universidad en el siglo XXI.
Ahora bien, ese centro no puede limitarse a un laboratorio tecnológico ni a una unidad creada para cumplir indicadores de innovación. La IA no pertenece a una sola disciplina. Sus efectos atraviesan la economía, el derecho, la salud, la educación y la cultura. Si se la aborda solo desde la ingeniería, se vuelve eficiente pero ciega; si solo desde las humanidades, lúcida pero impotente. La única respuesta razonable es interdisciplinaria.
En investigación, ello implica algo más que desarrollar algoritmos mejores. Supone estudiar su transparencia, sus sesgos, su impacto en el trabajo humano y sus consecuencias institucionales. La universidad no solo debe producir tecnología, sino comprenderla antes de que la sociedad tenga que soportarla sin haberla discutido.
En formación, el desafío es igualmente evidente. El profesional puramente técnico y el profesional puramente humanista son perfiles cada vez menos suficientes. El mundo laboral —y el público— demandará personas capaces de dialogar entre ambos lenguajes. Integrar la inteligencia artificial de manera transversal en la enseñanza no es innovación pedagógica: es alfabetización básica para el futuro inmediato.
También existe una responsabilidad pública. El debate sobre inteligencia artificial suele oscilar entre la fascinación ingenua y el alarmismo apocalíptico. En ambos casos, el espacio de la razón queda vacío. Allí la universidad tiene una función irremplazable: explicar, traducir, matizar. No como extensión ornamental, sino como contribución a una ciudadanía informada capaz de deliberar sobre tecnologías que afectarán derechos, empleos y decisiones políticas.
Finalmente, el conocimiento que no llega a la sociedad pierde parte de su sentido. La investigación en IA debe transformarse en políticas públicas mejor diseñadas, en sistemas de salud más eficientes, en justicia más accesible, en educación más inclusiva. De lo contrario, la universidad corre el riesgo de observar desde la tribuna cómo otros actores —empresas o gobiernos extranjeros— definen reglas que luego simplemente deberá aceptar.
Por eso la discusión no es tecnológica, sino institucional. Crear un Centro Interdisciplinario de Inteligencia Artificial equivale a decidir si la universidad será protagonista intelectual de esta transformación o un comentarista tardío de sus consecuencias.
La inteligencia artificial no espera. La universidad tampoco debería hacerlo.
