Parlamentarios de oposición acusaron un presunto “amarre” en la Subsecretaría de Seguridad Pública, tras la adjudicación de cargos de planta a exjefes de división mediante concursos realizados en la recta final del gobierno.
Con información del medio asociado: BBCL.
La Subsecretaría de Seguridad Pública, creada durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric, enfrenta una nueva controversia tras la denuncia de un supuesto “amarre” de cargos en su estructura interna.
Según antecedentes publicados por El Mercurio, dos exjefes de división obtuvieron cargos de planta a través de concursos públicos adjudicados desde febrero. La situación generó cuestionamientos en la oposición, que instaló dudas sobre la oportunidad política de los nombramientos.
Desde la repartición, encabezada por el subsecretario Rafael Collao, defendieron el proceso. La entidad afirmó que los concursos se desarrollaron conforme al Estatuto Administrativo y a las normas que regulan la planta del ministerio. “Se trató de procesos públicos y abiertos, ajustados plenamente a la normativa vigente”, señalaron desde la institución, descartando irregularidades.
Las críticas surgieron con fuerza en el Congreso. El diputado Felipe Donoso (UDI) cuestionó el actuar del Ejecutivo y afirmó que el Gobierno “abandonó su discurso contra el pituto”. A su juicio, la administración estaría asegurando posiciones para cercanos antes del término del mandato.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) sostuvo que el caso no sería aislado y advirtió que la señal política resulta “equivocada en un contexto donde la prioridad debe estar en seguridad”.
El debate también abrió interrogantes sobre la posibilidad de revertir los nombramientos. El abogado administrativo Gustavo Alarcón explicó a Radio Biobío que una nueva administración enfrenta límites jurídicos para desvincular funcionarios de planta o contrata con años de servicio. Recordó que estos pueden invocar ante tribunales el principio de confianza legítima, lo que restringe la discrecionalidad del Ejecutivo entrante.
Ante este escenario, diputados de oposición anunciaron que solicitaron fiscalizaciones a la Contraloría General de la República y pidieron que la futura administración revise los antecedentes de los concursos.
La controversia reaviva la discusión sobre eventuales reformas al Estatuto Administrativo, con el objetivo de clarificar reglas y evitar cuestionamientos en cada cambio de gobierno.
