Un informe internacional alertó sobre la creciente presencia de la flota potera china en el Pacífico Sur y su eventual impacto en la pesquería de la jibia, mientras el sector industrial chileno reabre el debate por la Ley de la Jibia y sus efectos económicos y laborales.
Un reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) encendió las alertas sobre la actividad de la flota potera china en altamar. La investigación, titulada “Invisible e impune: la creciente amenaza de la flota potera de China en el Pacífico Sur”, advierte que más de 500 buques chinos estarían capturando jibia en aguas internacionales cercanas a Chile, específicamente en el área administrada por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), colindante con el límite de la Zona Económica Exclusiva chilena.
Según el documento, la sobreexplotación del recurso y la limitada transparencia en las operaciones de estas embarcaciones representarían un riesgo para la sustentabilidad del calamar gigante y para las comunidades pesqueras locales.
Aumento de recaladas en puertos chilenos
Uno de los aspectos más relevantes del informe es el cambio en el patrón operacional de la flota china. Mientras en 2025 ningún buque potero chino ingresó a puertos peruanos —tras el endurecimiento de las exigencias de fiscalización—, en Chile las recaladas aumentaron desde menos de 10 en 2024 a cerca de 180 durante el último año.
Para la EJF, esta situación evidenciaría que Chile se ha convertido en el “puerto de menor resistencia” para estas naves. “El hecho de que la flota china haya decidido trasladar sus operaciones a Chile, en lugar de adaptarse a nuevas tecnologías, refleja claramente la reticencia de los operadores a cooperar con los esfuerzos destinados a aumentar la transparencia, el monitoreo y el control”, señala el informe.
Preocupación del sector artesanal
La inquietud también ha sido manifestada por organizaciones de pescadores artesanales. En declaraciones recogidas por Radio Bío Bío, el presidente de la Federación de Pescadores de Iquique, Alberto Olivares, afirmó en octubre pasado que los barcos de la flota china “son verdaderas termitas que destruyen todo, arrasan todo el ecosistema”.
“Han sido denunciados por traspasar las 200 millas en otros países, y no tenemos certeza de que no lo estén haciendo acá”, agregó el dirigente, cuestionando el cumplimiento de las normas internacionales.
Críticas a la Ley de la Jibia y su impacto industrial
Tras la publicación del informe, el gremio de Pescadores Industriales del Biobío volvió a cuestionar la Ley 21.134, conocida como Ley de la Jibia. La presidenta de la agrupación, Macarena Cepeda Godoy, sostuvo que en 2025 se autorizaron cerca de 100 mil toneladas de jibia para captura que finalmente no fueron extraídas.
Desde el sector industrial atribuyen esta situación a la normativa promulgada en agosto de 2019, que prohibió la pesca mediante arrastre y cerco, autorizando únicamente la extracción con potera o línea de mano. Según el gremio, esta decisión provocó el cierre de cuatro plantas en Talcahuano, Coronel y Lota, con la pérdida de alrededor de 1.700 empleos.
“La Ley de la Jibia es, por lejos, la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile”, afirmó Cepeda, asegurando que desde 2019 han quedado sin procesar cerca de 800 mil toneladas del recurso, lo que habría significado dejar de percibir unos US$1.500 millones en exportaciones.
Un debate abierto
Pese a las críticas, el propio informe de la EJF reconoce que, aunque la ley fue controvertida en sus inicios, los repuntes en la productividad de la pesquería desde 2024 han contribuido a moderar parte de sus detractores.
En este escenario, y ante la creciente presencia de la flota potera china, el sector industrial planteó la necesidad de evaluar una apertura acotada que permita su participación en la captura de jibia. “Proponemos reactivar las plantas que procesan jibia mediante un abastecimiento permanente y continuo que la flota artesanal no puede garantizar”, señaló Cepeda, apuntando a complementar la pesca artesanal con operaciones industriales para enfrentar el desempleo y el debilitamiento de la industria regional.
El debate, que cruza sustentabilidad, fiscalización internacional y desarrollo económico, vuelve así al centro de la discusión pesquera en Chile.
