Tras más de dos años prófugo, el líder de una organización criminal de Curicó fue detenido en Bolivia y quedó en prisión preventiva, tras un operativo coordinado con Interpol.
Luego de una extensa investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía del Maule y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI, las autoridades lograron la detención del principal líder de una estructura criminal que operaba en Curicó, quien permanecía prófugo desde 2022.
La organización fue previamente desarticulada tras operativos realizados en la Villa Santa Lucía, que dejaron un saldo de 38 detenidos, la incautación de 13 armas de fuego, más de 300 municiones, cerca de 40 millones de pesos y 11 vehículos de alta gama, evidenciando el alto nivel de organización del grupo delictual.
El fiscal de la UNAAC de Curicó, Rodrigo Pizarro, destacó la persistencia investigativa que permitió dar con el imputado. “La perseverancia arrojó resultados positivos. Desde diciembre de 2022 continuamos diligencias para ejecutar la orden de detención. Incluso estuvimos cerca de capturarlo en Iquique, pero logró escapar con disparos incluidos”, explicó.
Las diligencias permitieron establecer que el sujeto se trasladó por distintas zonas del país y posteriormente salió al extranjero. A través de técnicas investigativas y seguimiento en redes sociales, se confirmó su presencia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, lo que activó coordinaciones internacionales.
El subprefecto Juan Núñez, jefe de la Briant Curicó, detalló el operativo: “Se gestionó una notificación roja de Interpol y, en coordinación con Bolivia, se concretó su detención. Fue expulsado y entregado en Colchane para ponerlo a disposición del Ministerio Público”.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Curicó, Óscar Águila, valoró el procedimiento, subrayando la gravedad de los delitos investigados, entre ellos tráfico de drogas, asociación ilícita, ley de armas y lavado de activos.
Finalmente, el imputado fue formalizado y el tribunal decretó su prisión preventiva, fijando un plazo de seis meses de investigación para el desarrollo de la causa.
