El Ministerio de la Mujer respaldó la remoción de la directora de SernamEG tras una auditoría que detectó fallas administrativas y financieras, mientras el Gobierno defendió la medida pese a su estado de salud.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género defendió la salida de la ahora exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, tras una auditoría interna que detectó diversas deficiencias administrativas y financieras.
Desde la cartera señalaron que la decisión respondió a criterios técnicos y laborales. “Se advirtieron situaciones que denotan una gestión administrativa y de recursos deficientes”, indicaron, en referencia a los resultados preliminares del proceso en curso.
La auditoría identificó inconsistencias en el manejo de información, especialmente en materias financieras, junto con una falta de trazabilidad en procesos contables y ausencia de sistemas formales de gestión. Además, el informe detectó compromisos laborales sin respaldo y problemas en la ejecución presupuestaria.
En materia de probidad, el Ministerio advirtió situaciones como la contratación de créditos no autorizados y un gasto operativo desproporcionado sin justificación suficiente, lo que elevó las alertas internas sobre la administración del servicio.
El análisis también evidenció una desalineación entre SernamEG y el Ministerio, particularmente en la coordinación con direcciones regionales. Según la cartera, esto generó interpretaciones dispares de las instrucciones institucionales y afectó la ejecución de programas como el Plan 4 a 7 y el Plan Jefas de Hogar.
Asimismo, el Ministerio cuestionó la centralización de decisiones y la restricción en el acceso a información relevante, lo que dificultó la supervisión institucional. A ello se sumó el aviso tardío de un femicidio en Paine, situación que —según la autoridad— retrasó la reacción del nivel central.
Frente a este escenario, el Ejecutivo resolvió reestructurar la dirección del servicio. “Buscamos garantizar la continuidad del servicio y la atención que reciben miles de mujeres”, afirmaron.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast abordó la controversia y reconoció el impacto humano de la medida, considerando que la exdirectora enfrenta un tratamiento por cáncer. “Es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona”, señaló.
No obstante, el Mandatario enfatizó que la decisión responde a criterios de gestión y confianza. “Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha (…) y en este caso la confianza no se dio”, sostuvo, agregando que la auditoría sigue revelando “situaciones complejas” que justificarían la determinación.
Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición a apoyar a la exdirectora en su situación personal, aunque insistió en que la prioridad es asegurar el correcto funcionamiento de una institución clave para las políticas públicas de género.
