Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Durante las últimas semanas, una parte importante del debate público ha girado en torno a los problemas comunicacionales del Gobierno. Se analizan gestos, frases, silencios incómodos y errores —reales o supuestos— de su vocería. Se revisan puntos de prensa o vocerías como si fueran piezas de laboratorio. Se editorializa sobre tonos, estilos y formas. Y, sin embargo, cabe preguntarse si no estaremos mirando exactamente donde se nos invita a mirar. O, peor aún, donde resulta más cómodo mirar.
Porque cuando la discusión se agota en la superficie de la comunicación —en quién dijo qué, cómo lo dijo o por qué lo dijo así— corremos el riesgo de perder de vista aquello que no se está diciendo. Y en política, como en el derecho, lo omitido suele ser tan relevante como lo expresado. A veces más.
No deja de ser curioso que la atención se concentre con tal intensidad en la figura de la vocera de Gobierno, como si en ella se jugara el éxito o fracaso de toda una administración. Como si los problemas de comunicación fueran, en sí mismos, el problema central. ¿No podría ser —y vale la pena al menos formular la pregunta— que esa sobreexposición cumpla una función? ¿Que opere como una suerte de cortina, más o menos deliberada, que ordena el debate público en torno a lo accesorio, dejando en penumbra lo sustantivo?
No se trata aquí de afirmar una estrategia consciente —eso exigiría pruebas que no están a la vista—, pero sí de advertir un fenómeno que, en los hechos, produce efectos. Mientras discutimos la forma, el fondo avanza. Mientras se polemiza sobre declaraciones desafortunadas, decisiones de mayor calado transitan con mucho menor escrutinio. Y mientras la oposición concentra su crítica en la comunicación gubernamental, puede que esté descuidando el examen riguroso de la agenda que efectivamente se está implementando.
El punto no es menor. En el ámbito jurídico sabemos bien que la atención selectiva puede alterar la percepción de un caso. Un litigante con experiencia no se conforma con exponer lo que le conviene, sino que también —y a veces sobre todo— logra que el tribunal no repare en lo que podría complicarlo. La política, con sus propias reglas, no es ajena a esa lógica.
Por eso, tal vez convenga cambiar el foco. Preguntarnos menos por los errores comunicacionales —que, por cierto, pueden existir y ser relevantes— y más por aquello que no está siendo comunicado con igual intensidad. ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Qué reformas avanzan? ¿Qué criterios orientan esas decisiones? ¿Qué efectos producirán en el mediano y largo plazo?
La transparencia no se agota en hablar mucho. A veces, incluso, hablar demasiado puede ser una forma eficaz de no decir lo importante. Y en tiempos donde la saturación informativa convive con una creciente dificultad para distinguir lo relevante de lo accesorio, esa distinción se vuelve imprescindible.
Quizás, entonces, la pregunta correcta no sea por qué el Gobierno comunica mal. Quizás la pregunta —más incómoda, pero también más necesaria— sea si estamos siendo conducidos, consciente o inconscientemente, a discutir lo que menos importa. Porque si eso es así, el problema ya no es solo del Gobierno. Es, también, de todos nosotros.
