La presidenta Soledad Larraín y tres comisionados dejarán sus cargos el 15 de mayo, tras denunciar que las decisiones del Gobierno imposibilitan la toma segura de testimonios de las víctimas.
Mediante una declaración pública, la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, anunciaron su salida irrevocable. Los expertos argumentan que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptó medidas que vulneran la integridad del trabajo encomendado.
La decisión surge tras semanas de tensiones y diálogos infructuosos con el Ejecutivo. Los comisionados presentaron propuestas técnicas y ajustes presupuestarios que la autoridad desestimó, lo que derivó en la desarticulación del equipo profesional de apoyo. Según los renunciantes, los cambios impuestos en el modelo de trabajo territorial y el debilitamiento de las condiciones para recolectar testimonios impiden garantizar un proceso reparatorio serio y seguro para las víctimas.
“Nuestra decisión no busca abandonar el proceso, sino evitar avalar condiciones que ponen en riesgo su objetivo”, sostuvieron los integrantes en su misiva. Con este gesto, los expertos pretenden alertar sobre el rumbo actual de la política de infancia y presionar para que el Estado rectifique las falencias técnicas y operativas detectadas en la gestión del ministerio.
A pesar del quiebre, los profesionales confirmaron que su dimisión se hará efectiva el próximo viernes 15 de mayo. Durante este periodo de transición, el equipo saliente colaborará con la entrega de antecedentes para resguardar la información ya recopilada. El grupo reiteró su compromiso inquebrantable con los principios de verdad, justicia y garantías de no repetición para los niños, niñas y adolescentes afectados.
