Dr. Emilio Moyano Díaz. Profesor Titular de Excelencia, Universidad de Talca.
Durante el gobierno de G. Boric, con un interesante perfil inicial de ‘izquierda transformadora’ (¿redundante no?) fuimos testigos de una baja calidad de la política. Se atribuyó ésta a la juventud, complejos adánicos, focalización en las minorías, y ánimo ingenuamente refundacional de quienes gobernaron, por una parte y, al ‘desquite’ de una oposición que cuando fue gobierno fue permanentemente atacada por quienes ahora habían llegado al Gobierno del país. Como señaló P. Auth, el balance final de este período, si se evalúa al gobierno por la distancia entre sus promesas y lo logrado, ‘fue un naufragio total’. Por otra parte, decimos, si se le evalúa por sus logros reales, regular. Tal vez si el resultado más evidente que la ciudadanía no quiso más de esa ‘medicina’ es que legó un gobierno de extrema derecha, ampliamente apoyado por los votantes (siempre con ayuda de las primarias, que similar a la vez pasada, reconfirmó mayoritariamente que para la ciudadanía cualquier opción es mejor frente a un/a candidato/a comunista).
Y la expectativa de cambio en la forma de gobernar y, especialmente en las metas relativas a seguridad y economía, y con una partida ‘de caballo inglés’ con la inmediata firma de decretos y directrices a sus ministros, generó un ánimo positivo -una microutopía- en una gran mayoría de ciudadanos, al menos en ese 58% de votantes con que fue elegido e gobierno del Pdte. J.A. Kast. La constatación de que el gobierno estaría formado por partidos políticos de Chile Vamos daba un cierta seguridad que llegaba al gobierno gente con experiencia en gobierno. Sin embargo, a dos meses desde su comienzo, el inesperado aumento de los precios de los combustibles provocado por la guerra EEUU-Israel contra Irán han roto el plan y ha llevado al Gobierno a decidir de forma tal, que ello significa aumento del costo de vida para los ciudadanos.
El gobierno ha disminuido su popularidad desde marzo a abril de un 44% a un 29% y su desaprobación ha aumentado de 40% a 55,6%. Su desgaste y caída es similar al que tuvo G. Boric en su hora (Pulso Ciudadano). A su vez, la oposición es evaluada por un 59% negativamente y por un 22% positivamente (Criteria). En términos comparativos y relativos, el gobierno está mejor evaluado que su oposición, mostrando sin embargo ambos sectores desaprobación alta. Así, gobierno y oposición están en mal pie, la calidad de la política sigue mala, ahondemos.
Es razonable pensar que su desaprobación del accionar del gobierno tiene mucho que ver con el aumento del costo de vida provocado por la inesperada alza de los combustibles. Como enseña la ciencia, si bien la mayoría de los ciudadanos podría tolerar que se disminuya el impuesto a las empresas como idea matriz de su plan económico (es algo ‘lejano’ a sus intereses y a la mayoría no les importa que haya más ricos si los ciudadanos ‘de a pié’ mejoran sus ingresos o calidad de vida), hace al gobierno un blanco fácil -por contraste- para abuchearlo e irse en contra. Más aún, la disminución inmediata del rendimiento de los ingresos para el hogar hace más fácil penetrar a la gente con un slogan opositor de ‘hacer más ricos a los ricos’ que un eventual -discutible- aumento del empleo y del ingreso a largo plazo que nadie está en condiciones de asegurar. Así, la popularidad del gobierno baja. Pero no solo baja por esto.
El deslizamiento hacia la prensa de oficios amagando la existencia de programas de alimentación para los escolares, reconstrucción de viviendas por incendios, y otras ‘joyas’ que afectan derechos y garantías sociales, especialmente de los sectores más desfavorecidos de la población, está provocando un enorme ruido de descontento o al menos alarma en la ciudadanía, incluyendo a algunos ministros (Vivienda) del propio gobierno, entrando en conflicto público con el de Hacienda. Las comunicaciones oficiales han sido criticadas, y blanco especial de los programas de humor desde antes. Hoy se ha agudizado porque no se aclara cuál es la intención del contenido de los oficios referidos; ¿se quiere acabar con tales programas? ¿revisar su pertinencia?, ¿o examinar su presupuesto en la dirección de disminuirlos? Distintas voces interpretan de diferentes modos cuál es la verdad del asunto y no se escucha una ‘voz oficial’ que definitivamente lo aclare. El Presidente ha tenido que salir a los medios varias veces a clarificar asuntos que debieran ser tema de vocerías ministeriales o por su vocería correspondiente, lo que lo expone.
Algunos sostienen que el gobierno tiene no solo un problema comunicacional, sino que de diseño, ya que por una parte se confunde lo que sería el verdadero rol del ‘segundo piso’ (asesorar al Presidente), con orientar a los Ministros y sus vocerías, coartando la libertad de éstos en su comunicación pública.
Por otra parte, el Gobierno guste o no, llegó con un programa económico ‘de emergencia’ pero aparentemente hasta ahora no con uno de seguridad. La Ministra se muestra en terreno, acompañando a carabineros en la eliminación de ‘rucos’, o en los buenos logros al desbaratar bandas diversas por parte de aquellos y PDI. Pero aún con todo lo bueno y necesario que son estas acciones y logros, no se observa cual es el plan, es decir un conjunto de acciones o actividades dirigidas a objetivos específicos en todo aquello que sea posible y comunicable. La ausencia de plan se echa en falta para un gobierno que llegó a su instalación sólo con dos ámbitos de preocupación, economía y seguridad.
En lo que respecta a la calidad de la política hecha por la oposición, es memorable mediáticamente la escena en las noticias de TV de las inocultables sonrisas de satisfacción de sus dirigentes al decirle que no a los negociadores del gobierno al explicar su plan económico (Plan de Reconstrucción Nacional”) e invitando a votar a favor de discutir la iniciativa en el Parlamento. Negarse a conocer y discutir iniciativas en el Parlamento muestra a una oposición ‘çerrada’, insegura para exponerse a ideas y planes diferentes a su ideario. El PDG salvó la situación y habrá votos para la discusión del plan de gobierno, el cual ha entrado a la Comisión de Hacienda. Bien para los intereses del PDG, fue un obrar inteligente. Pero la oposición en su conjunto no tiene proyecto alternativo, por lo que no le queda más que oponerse a todo por doctrina (PC marxista leninista, y quizás Frente Amplio) o buscar quizá en el mediano plazo la construcción de un proyecto de sociedad alternativo (PS, PPD, PDC) sorteando por ahora aleatoriamente o ‘lo mejor que se pueda’ las contingencias actuales y mediatas, y hablándole a sus públicos más que al país.
El Plan de Reconstrucción Nacional es un megaproyecto de 43 medidas en 5 ejes: competitividad tributaria (bajar impuesto corporativo de 27% hoy a 23% en 2029), empleo formal (incentivos a contratación, crédito tributario), facilitación regulatoria (agilizar permisos y trámites ambientales), certeza jurídica (invariabilidad tributaria para grandes inversiones por 25 años), contención del gasto público (ajuste del 15%, y descontinuar 142 programas estatales).
¿Aunque no conozcamos las más de 200 páginas en que está contenido este Plan y por tanto desconocemos sus 43 medidas, igual podemos tener una primera opinión acerca de él verdad? ¿Qué opinión tiene Ud. querido lector(a) de este Plan?
Modestamente le compartiré la mía. A primera vista no se ve mal rebajar impuesto a grandes empresas gradualmente y a tres años, asemejándose a promedios OCDE, si ello fuese acompañado de claras medidas pro-disminución del desempleo (en alza desde hace un tiempo, 8,9% primer trimestre 2026, 925 mil ciudadanos buscando empleo!), y mejoramiento de las compensaciones y condiciones laborales para los trabajadores/as en el país. Por otra parte, se ve bien agilizar y resolver aquello que se ha denominado ‘permisología’ y particularmente cuando su existencia empantana proyectos de inversión productiva que generan empleo y desarrollo. Es vox populi que el Estado -como la justicia- requiere un accionar más ágil y moderno, por tanto, si introducirle agilidad comienza por lo ambiental pues, ¡adelante!
Los otros dos puntos en cambio ameritan discusión pormenorizada y técnica para mejor opinar. Los 25 años de invariabilidad tributaria y descontinuar 142 programas estatales exigen miradas técnico- políticas en comisiones y Parlamento, y esperemos que los expertos en tales materias puedan orientarnos al respecto.
