La nueva Ley Integral de Personas Mayores incorpora medidas judiciales y de protección para enfrentar el abandono social y vulneraciones de derechos.
La nueva Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable marcó un cambio relevante en la forma en que el Estado aborda el abandono y la vulnerabilidad de las personas mayores en Chile.
La normativa reconoce por primera vez el abandono social como una forma de maltrato y vulneración de derechos humanos, superando la visión tradicional que reducía estas situaciones al ámbito privado o familiar.
La académica de la Universidad de Talca, Carolina Riveros Ferrada, explicó que la ley crea un título específico sobre abandono social e incorpora procedimientos judiciales ante los Tribunales de Familia para proteger a las personas mayores afectadas.
“La ley deja de ver el abandono como una mera desgracia familiar y pasa a reconocerlo como una vulneración jurídicamente relevante de derechos humanos”, afirmó la especialista.
Según detalló Riveros, el abandono social no solo se relaciona con agresiones físicas, sino también con la ausencia de redes de apoyo, cuidado, acompañamiento y asistencia. Estas situaciones pueden afectar gravemente la salud, autonomía, dignidad e integridad emocional de las personas mayores.
Uno de los ejemplos más visibles de esta problemática corresponde a los más de 800 adultos mayores que permanecen abandonados en hospitales del país, fenómeno que evidencia deficiencias en las redes familiares, comunitarias y estatales de apoyo.
“El abandono hospitalario es el síntoma final de problemas previos como la soledad no elegida, la pobreza, la dependencia no cubierta y la falta de apoyos especializados”, sostuvo la académica.
La normativa también establece que el cuidado de las personas mayores no puede recaer exclusivamente en las familias. En ese sentido, el Estado asume un rol activo como garante institucional para prevenir abusos, coordinar servicios y asegurar acceso a medidas de protección.
