Impacto por escándalo descubierto en Pencahue

¿Cómo operaba el “negocio” de las licencias de conducir profesionales fraudulentas?

En este primer operativo, la PDI detuvo a 43 personas vinculadas al ilícito, entre ellos, cuatro intermediarios: dos dueños de la escuela de conductores de Concepción, un funcionario del Departamento de Tránsito del municipio pencahuino y un concejal de esa comuna

07 Septiembre a las 09:00   2813   Crónica   Karin Lillo
¿Cómo operaba el “negocio” de las licencias de conducir profesionales fraudulentas?

Un verdadero “negocio” quedó al descubierto gracias a la investigación que está llevando a cabo la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Talca, en coordinación con la fiscal especialista en indagar estos casos criminales, María Lorena González.

 
Las primeras indagatorias arrojaron 43 personas detenidas, 39 de los cuales son conductores que encargaron certificados de licencia de conducir profesionales para transporte de pasajeros y de carga, todos ideológicamente falsos, por cuanto si bien el documento es verdadero, ninguna de estas personas cumplió con el requisito de rendir y aprobar las pruebas que se exigen por ley.

 
Pero no son los únicos, porque se suman cuatro imputados que figuran como intermediarios: dos dueños de la Escuela de Conductores “Santa Juana” radicada en la ciudad de Concepción, capital de la Región del Biobío; un funcionario del Departamento de Tránsito de la municipalidad de Pencahue y, finalmente, un concejal de dicha comuna, quienes eran los quien gestionaban los documentos, delito que se venía cometiendo desde el año 2012.

 
Si bien los 39 conductores imputados quedaron en libertad tras la audiencia de formalización de la investigación en el Juzgado de Garantía de Talca, por cuanto su delito solo corresponde a una infracción a la ley del tránsito, igualmente se incautaron todas las licencias de conducir profesional que habían adquirido en forma fraudulenta.

 
A la vez, quedaron todos citados a una audiencia a realizarse el 6 de diciembre próximo, para definir una salida alternativa o juicio abreviado, en tanto reconozcan o no responsabilidad en los hechos. En todo caso, ello es posible porque ningún registra condenas previas, aunque existen todavía dos personas que están en esta misma calidad pero que todavía no son llevadas ante la justicia. La presunción es que se trata de sujetos que sí tienen prontuario, por lo cual, arriesgan quedar en prisión.

 
Una suerte judicial distinta corrieron los cuatro imputados sindicados como intermediarios o facilitadores, ya que los dueños de la empresa de conducción quedaron con arraigo nacional y firma diaria en Carabineros, al igual que otro imputado adulto de nombre Manuel Cancino, de 77 años, y un funcionario municipal del Departamento de Tránsito.

 
Por su parte, el concejal y militante del Partido Radical (PR), José Cupertino Castillo Castro, tras ser formalizado por el grave delito de cohecho agravado y reiterado, quedó en prisión preventiva porque la justicia consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida su calidad de figura pública y que faltó a la probidad. Para todos, existe un plazo común de cuatro meses para terminar la investigación.

 

Revise aquí información adicional:

PDI detuvo a imputados por licencias de conducir ideológicamente falsas

A prisión concejal de Pencahue por licencias fraudulentas

 

¿CÓMO OPERABA EL NEGOCIO?
Primero hay que tener claro que la denuncia sobre presuntas irregularidades fue interpuesta por la propia alcaldesa de Pencahue, Lucy Lara, junto al asesor jurídico del municipio, una vez detectadas las irregularidades detectadas en el Departamento de Tránsito del municipio.

 
Para entender cómo operaba la red y los imputados lograban concretar el malicioso negocio, basta conocer pasajes de la formalización del concejal conocido como “Pepe Castillo”, quien sería uno de los principales articuladores -junto a Manuel Cancino- del masivo fraude.

 
Según expuso la fiscal González, ante el juez, Ricardo Riquelme, durante el año 2018 y en la comuna de Pencahue, el imputado -en manera reiterada- realizó diversos actos tendientes a comercializar certificados ideológicamente falsos para conductores profesionales, previo concierto con la Escuela de Conductores “Santa Juana” de Concepción.

 
Como era conocido en la comunidad, el concejal se acercaba a los interesados y ofrecía un certificado falsificado, previo pago de una suma que bordeaba los 180 mil a 300 mil pesos, actuando como intermediario con la empresa de conductores penquista. Se trataba de personas que claramente no obtendrían estos permisos en forma legal, ya que muchos de ellos tienen problemas físicos o de salud que son casi incompatibles con la conducción profesional de un vehículo motorizado.

 
Luego, los papeles del “cliente” provenientes de la escuela de conductores, certificando que supuestamente había cursado y aprobado las clases, eran presentados en el Departamento de Tránsito del municipio de Pencahue, obteniendo la licencia de conducir profesional legalizada, pero ideológicamente falsa.

 
“En tal contexto, el edil Castillo, valiéndose de todos los beneficios que trae consigo su cargo de concejal y la credibilidad que emanaba como figura pública, solicitaba y aceptaba recibir de parte de los interesados una compensación económica a cambio de gestionar y entregar el certificado ideológicamente falso de la escuela de conductores”, indicó la fiscal en esa audiencia judicial.

 
A lo menos, cinco de los conductores imputados que obtuvieron el certificado fraudulento el año 2018, identificaron al concejal como quien les aceptó el dinero y les entregó el documento, incluso, se los fue a dejar a domicilio.

 
La fiscalía estimó que los actos del concejal constituyen dos delitos: el primero descrito en la Ley de Tránsito en la letra D del artículo 192; y también el de cohecho agravado del artículo 248 bis del Código Penal, cometidos por el imputado en calidad de autor y en grado de consumado.

 

GRAVEDAD DEL DELITO
Lo grave -a juicio del Ministerio Público- es la reiteración de las conductas cometidas por Castillo, ya que se está indagando que el negocio operaba desde el año 2012, originando así una cadena de hechos que podrían haber terminado con víctimas fatales, pues se trata de conductores transportando pasajeros (buses interurbanos, taxis colectivos, micros, furgones escolares y camiones, entre otros) sin contar con las capacidades y conocimientos.

 
Ello por cuanto un curso de esta complejidad significa que la persona debe estar de forma presencial entre cuatro a seis semanas en clases teóricas, de lunes a sábado, además de prácticas los domingos. Pero en estos 39 casos, ninguno cumplió con esa exigencia.

 
De hecho, la fiscal González destacó que algunos de los choferes padecían enfermedades que claramente le impedían manejar un vehículo, como el caso de una persona con Glaucoma, otro con cáncer de estómago, por lo cual, los pasajeros quedaban absolutamente vulnerables.

 
“Del Departamento de Tránsito nos decían que les llamaba la atención que personas de la comuna, con bajos recursos económicos, pudieran mantenerse fuera de la comuna un mes o un mes y medio (que es lo que dura el curso). Eso es lo que alerta la Dirección de Tránsito y nos envían, en principio, un listado de 34 personas, sumada a la declaración de la alcaldesa como testigo. Ella se había entrevistado con uno de los primeros señores que había obtenido el certificado, quien le pidió a la alcaldesa que le dé una manito, porque el concejal le había conseguido un certificado profesional falso”, relató la persecutora.

 
La operatoria, en definitiva, no estaba sólo a cargo del edil imputado, sino que había toda una red que involucraba a un funcionario del Departamento de Tránsito y un tercer intermediario. Aparecía un interesado, los intermediarios recababan los datos, cobraban entre 180 mil a 300 mil pesos y gestionaban el certificado con la Escuela de Conductores, trámite que en total se demoraba entre tres a cuatro semanas. Así, la red llegó a tramitar hasta cinco documentos en una semana, obteniendo importantes ganancias de las cuales, la mayor parte se las habría quedado el concejal Castillo, según se desprende de la evidencia.

 
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Al respecto, el comisario de la Bridec de la PDI Talca, Carlos Valenzuela, explicó que la investigación está en curso, pero no descarta que existan delitos similares en otras comunas rurales y que existan más detenidos.

 
Señaló que “en las comunas rurales, como Pencahue, San Clemente y otros sectores de la región, existen personas que necesitan este certificado para licencia de conducir profesional, pero estas comunas no cuentan con escuelas de conductores profesionales, lo cual, se hace difícil que una persona acceda a esos cursos, salvo que viajen a las capitales provinciales. Entonces, es común que aparezca en las municipalidades gente ofreciendo certificados sin necesidad de ir a clases”.

 
Valenzuela añadió que “para nosotros es fácil inferir que es complejo para una persona permanecer en Concepción por un mes o mes y medio, porque son clases regulares presenciales, justamente por los recursos y el tiempo que esto significa para cualquier vecino”.

 
“En la comuna se expande el rumor de que hay ciertas personas que venden este tipo de certificados. La gente, por el boca a boca, empieza a averiguar quién es, porque le ofrecieron un trabajo, por ejemplo, para manejar un furgón escolar o un taxi colectivo, y quieren rápido el certificado. Hasta el momento, nosotros tenemos individualizada a cuatro personas que vendían este tipo de certificados”, añadió.

 
“El interesado se acerca a la persona que lo vende, le confirma que puede conseguir el certificado y le pide (el facilitador) la documentación legal que se requiere, además del monto de dinero que cobraban por el certificado, que iba entre 180, 200 y 300 mil pesos, pero igual nos encontramos con una persona que pagó 600 mil pesos por uno”, destacó el comisario.

 
La escuela de conductores, por su parte, cobra un valor determinado por cada documento, pero va aumentando conforme los certificados pasan por uno o más intermediarios, hasta que llega a manos del conductor interesado. La PDI está investigando (en esta cadena) si todos cobran, porque también pueden ser favores a cambio de otros beneficios. Valenzuela enfatizó que estos certificados son únicos y las escuelas de conductores los adquieren por decenas.

 
“Cada certificado cuenta con un folio que lo hace único. Yo al preguntarle a Casa de Moneda, identifiqué por medio del folio a qué escuela se lo vendieron. Se trata de documentos verdaderos, pero ideológicamente falsos, porque la gente los obtiene sin cumplir con los requisitos que son las clases regulares presenciales”, indicó.

 
Sostuvo -por último- que el caso destapado en Pencahue puede ser solo la “punta del iceberg” de toda una maquinaria fraudulenta que, perfectamente, puede estar operando en forma ilegal en otras comunas. Relevó que debe existir una denuncia formal de por medio para iniciar cualquier diligencia con la fiscalía.

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