Se trata del ex encargado de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Talca, Luciano Arriagada

Fiscalía apelará a libertad de sacerdote formalizado por abuso sexual impropio contra un menor

10 Agosto a las 08:00   995   Crónica   Karin Lillo
Fiscalía apelará a libertad de sacerdote formalizado por abuso sexual impropio contra un menor

Una inédita formalización se llevó a cabo ayer en el Tribunal de Garantía de Talca, ya que por primera vez en la Región del Maule un cura era imputado por un delito de abuso sexual impropio contra un menor de edad.


Pasada las nueve de la mañana se dio comienzo a la formalización del sacerdote Luciano Arriagada de 46 años, quien se desempeñaba como encargado de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Talca, y como párroco en las localidades de Duao y Colín, comuna de Maule.


En la audiencia, presidida por el juez Víctor Rojas, el fiscal de Talca, Gonzalo Pino, expuso los antecedentes del delito por el que se le acusa a Arriagada, y que presuntamente fueron cometidos en contra de un menor de 14 años al momento de los hechos, entre el 2014 y el 2015, consistentes en tocaciones en la zona genital, abusos reiterados y que habrían ocurrido en el dormitorio de la propia víctima, cuando el cura “subía a despedirse”, según señaló Pino en la audiencia, amparado en la confianza que le tenía la familia.
En virtud de lo expuesto, Pino solicitó prisión preventiva para el sacerdote por considerar que es un riesgo para la seguridad de la propia víctima y de la sociedad, y por existir peligro de fuga.


COLABORACIÓN
En tanto, el defensor penal público del imputado, Joaquín García, se opuso a dicha medida cautelar, haciendo presente al tribunal “que si esta investigación se activó fue en gran parte debido a la actitud que tomó mi representado. Él tomó conocimiento de que hay una investigación eclesiástica en su contra en agosto del 2018, a través de una comunicación que le hace el Obispado de Talca, informando que se pondrá en conocimiento de la Justicia civil. Él (sacerdote) concurre a la Defensoría Penal Pública y a partir de esa fecha, nos pusimos a disposición del Ministerio Público, es decir, no hay peligro de fuga, ha tenido un año para fugarse, es a él a quien más le interesa aclarar esta situación”, manifestó el abogado.
Indicó el defensor, además, que las declaraciones que se tomaron en este caso por parte de la policía son “sugestivas e incluso coactivas”.

 

CAUTELARES
Escuchadas ambas partes, el juez Rojas anunció un receso de 20 minutos para tomar su resolución, y una vez retomada la audiencia, rechazó la solicitud del Ministerio Público por considerar que no existe peligro de fuga del imputado, y estableció como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima en cualquier circunstancia y arraigo nacional, estableciéndose un plazo de investigación de dos meses.

 

APELARÁ
No conforme con la resolución, el fiscal anunció que apelará a lo resuelto por el tribunal, presentando un recurso en un plazo máximo de cinco días. “Consideramos que es un peligro para la sociedad, básicamente porque estamos frente a un delito que tiene una pena grave, pena de crimen, no es un evento único, es un hecho reiterado, y además creemos que se da la circunstancia especial de que el imputado forma parte de la iglesia”.
Añadió el representante del Ministerio Público que la investigación está en curso, “los antecedentes por los que debía ser formalizado son los de este menor, sin perjuicio de que pudiesen aparecer en el futuro otros”.

 

CONFORME
El defensor del sacerdote señaló finalmente que “hay que diferenciar dos cosas fundamentalmente, una, la resolución del tribunal en cuanto funda la decisión de no decretar la prisión preventiva, y en ese contexto creo que el tribunal acogió nuestra petición en términos de no existencia ni siquiera de elementos fundados para acreditar delito”.
Insistió en que “como dijimos en la audiencia, todos los elementos del Ministerio Público provienen de una sola fuente que es la declaración de la presunta víctima y ella no es suficiente siquiera, para estimar que la entidad de estas supuestas actuaciones de nuestro representado pudieran configurar el delito que el Ministerio Público pretende. En ese contexto estamos muy conformes con la resolución del tribunal”.

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