Entrevistas videograbadas y protección a menores víctimas

Ahora se da un paso decisivo a favor de las víctimas y, lo más importante, es que comienza justamente con el segmento más frágil e importante de la sociedad.

09 Agosto a las 21:07   100   Editorial   Gustavo Alvarado

Un importante avance en el desarrollo y consolidación de la justicia penal se concretará a partir de octubre próximo, cuando se pongan en funcionamiento los nuevos mecanismos de la ley de entrevistas videograbadas, cuyo objetivo inmediato es la protección a menores de edad víctimas de delitos de connotación sexual y social.


Ocurre que, al igual como ocurrió con la reforma procesal penal, el Maule es una de las primeras regiones donde tendrá vigencia esta nueva ley. Y, para ello, recientemente, se validaron un total de 35 entrevistadores expertos que corresponden a funcionarios del Ministerio Público, así como personal de Carabineros y la PDI.
En paralelo, el Poder Judicial se encuentra igualmente capacitando a los jueces de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Y, además, en estos tribunales se habilitaron -incluso hace dos años, como en Talca- salas especiales para que los menores de edad realicen sus declaraciones, en compañía de un intermediador.


La norma, en términos generales, funcionará en la práctica de la siguiente forma: una vez realizada la denuncia, la víctima debe ser derivada de inmediato por la policía a la fiscalía local de su jurisdicción, donde se destinará a un entrevistador para recoger su declaración. Para ello, existen salas especiales en Talca, Curicó y Linares.
Dichas salas disponen de equipos de video para grabar la conversación entre el entrevistador y la víctima, con apoyo externo. Luego, dicho material es sellado con cadena de custodia digital y queda a disposición del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, a modo de prueba material en la investigación.
La víctima, en consecuencia, no debe ser nuevamente entrevistada por otra persona en el marco de la misma investigación, evitando así que tenga que repetir su relato ante personas desconocidas. Pero, igualmente recae sobre la víctima la obligación de concurrir a declarar, cuando sea citada al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.


Allí, lo hará en otra sala especialmente habilitada y a solas con un intermediador, lo cual es observado en vivo por los jueces, fiscales, defensa, imputado y público. Cuando las partes consulten a la víctima, el intermediador podrá sugerir al tribunal revisar dicha consulta o bien, si no es rebatida, la hará directamente a la víctima.
El registro en video, por su parte, solo puede ser expuesto en el juicio oral en casos excepcionales, por ejemplo, cuando la víctima pueda fallecer durante la etapa de investigación. Pero, más allá de estos mecanismos prácticos, la misma ley contempla un reconocimiento de los derechos de menores de edad en calidad de víctimas.


Hasta la fecha, la ley sólo había reconocido derechos a menores que son objeto de persecución penal, plasmados en una ley de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, ahora se da un paso decisivo a favor de las víctimas y, lo más importante, es que comienza justamente con el segmento más frágil e importante de la sociedad.


Ahora cabe que la opinión pública se preocupe de exigir que las instituciones cumplan con sus compromisos y ejecuten lo que les pide esta nueva ley. En particular, en el caso de regiones como el Maule, que se habiliten salas para entrevistas en retenes o tenencias alejadas de las grandes ciudades, para facilitar la atención a las víctimas.