Corte de Apelaciones de Talca

Rechazan amparo de abogados defensores en contra de Carabineros

Máximo tribunal resolvió que esta vía legal no corresponde para revisar los procedimientos policiales durante protestas

  1344   Policial   Hernán Espinoza
Rechazan amparo de abogados defensores en contra de Carabineros

“Esta acción de amparo, más que poner fin a una situación particular y concreta, persigue más bien promover una recomendación de orden general respecto del uso de la fuerza pública por Carabineros de Chile en manifestaciones masivas, tarea que resulta ajena a la naturaleza de la presente acción”.

 

En estos términos, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca rechazó un recurso de amparo presentado por un grupo de ocho abogados que trabajan, bajo la modalidad de licitación privada, para la Defensoría Penal Pública, en contra del jefe de la Séptima Zona de Carabineros, general Héctor Salazar.

 

El fallo unánime lleva la firma de los ministros Olga Morales y Moisés Muñoz, junto al abogado integrante, Guillermo Monsalve. La acción legal fue presentada por los abogados Max Troncoso, Claudia Landeros, Paz Díaz, Rodrigo Chávez, Víctor Moraga, Alexandra Acevedo, Yelika Ibarra, Huber Hidalgo y Eduardo Meins Middleton.

 

Los recurrentes describían hechos ocurridos el 25 de octubre pasado, en el contexto de manifestaciones y de la acción policial de Carabineros, en la Plaza de Armas de Talca. A la vez, solicitaban al tribunal declarar que el ejercicio de la fuerza por parte de Carabineros habría sido supuestamente irracional y desproporcionado.

 

Para dictar fallo, la Corte de Talca tuvo a la vista un informe emitido por la jefatura de zona de Carabineros, así como otro documento similar de parte de la dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el primer caso, se anexaba la transcripción de comunicaciones policiales radiales el día de los hechos.

 

“El recurso fue deducido en favor de todas las personas que residen en esta ciudad, sin indicar ningún caso concreto que dé cuenta de vulneración de garantías constitucionales, sobre el cual sea posible disponer medidas de amparo, lo que constituye razón suficiente para desestimar esta acción constitucional”, concluye.

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