La abogada asistente de la fiscalía está acusada de pedir entre 300 mil y 500 mil pesos a imputados para sencillamente cerrar las investigaciones.
Entre 300 y 500 mil pesos cobraba a los imputados una abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares, para simplemente poner fin a las causas en las que estaban involucrados.
La funcionaria, identificada como Claudia del Pino Acuña, actualmente se encuentra con arresto domiciliario total y se le sindica como la autora de los delitos de obstrucción a la investigación, cohecho, violación de secreto reiterado y fraude de seguros, así consta en la acusación presentada por el Ministerio Público.
Según estableció la indagatoria que realizó el propio Ministerio Público, la funcionaria contó con el apoyo de su cónyuge, Ricardo Vega Guerrero, actualmente en prisión preventiva. Este último era el encargado de solicitar los beneficios económicos a cambio de dar de baja las causas.
El Ministerio Público pide más de 20 años de cárcel para ella y al menos 10 para él.
Para sustentar su acusación, el Ministerio Público alista la declaración de 41 testigos. Entre ellos figuran al menos cinco de sus “clientes”, además de la fiscal regional del Maule, Carola D’Agostini, funcionarios policiales y del ente persecutor, entre otros.
