El pasado viernes 30 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric indultó a 12 personas en el marco del denominado estallido social y a un exfrentista acusado de un asalto a una sucursal del Banco Santander. No fue sólo la decisión del Ejecutivo la que causó revuelo, sino también sus osadas palabras de cuestionamiento hacia el Poder Judicial. Consecutivamente, la ola de críticas llegó cargada de consecuencias que significaron la salida de la derecha de una mesa de trabajo para la seguridad, encabezada por la ministra Tohá; un proyecto de ley para eliminar la facultad presidencial de indulto y dos acusaciones constitucionales, entre ellas, en contra de la ministra de Justicia.
¿Qué es un indulto?
Los indultos son una facultad que tiene el Presidente de la República y que está consagrada en la Constitución, amparada en razones humanitarias y posibles errores de la justicia.
Las normas para concederlos son regidos en base al artículo 32, N° 14 de la actual Constitución y la Ley 18.050, quedando excluidos los delitos terroristas: “Toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento. No obstante, el indulto no procederá respecto de los condenados por conductas terroristas”, indica la legislación, según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Cabe resaltar que el otorgamiento del indulto no quita su carácter de condenado y, por tanto, no elimina los antecedentes penales. También se exige que la condena se encuentre firme y ejecutada y que no se encuentren procesos en contra.
¿Bajo qué circunstancias se niega el indulto?
A grandes rasgos, son tres aristas que limitan la posibilidad de indulto: Cuando se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieren obtenido indulto anteriormente; cuando fueren formuladas antes de haber transcurrido un año desde la fecha del decreto que haya resuelto una solicitud anterior y cuando no se encontraren cumpliendo sus condenas en el respectivo establecimiento, si estuvieren condenados a prisión, presidio o reclusión; o en la localidad que se le señaló en la sentencia, según dice el artículo n°4 de Ley 18.050.
Añadido a lo anterior, cabe decir que existen dos tipos de indultos presidenciales: uno general y otro particular. El indulto general se aplica a un grupo de condenados y solo puede ser concedido a través de una ley aprobada por el Congreso. Mientras que el indulto particular es aquel que otorga el Presidente de la República a un condenado sin aprobación del Congreso.
Algunos indultos
Sobre la base de lo explicado, es que el ejecutivo durante el mes nueve de su mandato indultó a 12 personas caídas presas durante el estallido social, y a un exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Sin embargo, esta práctica no es nada nueva. Desde el retorno de la democracia en 1990, los presidentes la han aplicado en más de 1.600 veces, e incluso, el expresidente Patricio Aylwin utilizó esta facultad presidencial 928 veces entre 1990 y 1994, según datos de la agencia de noticias Swissinfo.
El expresidente Ricardo Lagos también otorgó indultos e incluso, hay uno que se repite ahora en el gobierno de Boric y que resulta uno de los más controvertidos: el de Jorge Mateluna. El exmiembro del FPMR, había sido detenido en 1992 y posteriormente condenado a cadena perpetua por asociación ilícita terrorista, entre otras imputaciones, y se acogió a la Ley de Indulto para exsubversivos. Gracias a ello, recuperó la libertad en 2004 luego de más de una década tras las rejas. En adelante, Mateluna trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, cargo que ocupó hasta 2013, cuando nuevamente se vio envuelto en problemas con la justicia, sin embargo en esta ocasión, bajo otras circunstancias.
Se trató de un robo a una sucursal de Banco Santander de Pudahuel, ocurrido un 17 de junio de 2013, del cual resultó detenido a dos kilómetros del suceso y, a pesar de que su defensa acusó injusticia desde el inicio del caso, fue condenado a 16 años de cárcel luego de más de un año de juicio. En ese atraco, los asaltantes dispararon a Carabineros con un fusil M-16.
El sitio web Mateluna Inocente, creado durante su primera detención, por uno de los hermanos del inculpado, aseguró que ese día Jorge estaba en la zona porque iba a reunirse con el encargado de cultura del municipio de esa comuna, para presentarle un proyecto de App en torno al rescate patrimonial y cultural.
En 2017, el actor Daniel Alcaíno y el, en aquel entonces Diputado, Gabriel Boric, publicaron una columna de opinión en el medio El Desconcierto, donde aseguraron que “Los carabineros que detuvieron a Mateluna se llevaron todas las pruebas al cuartel. Pero más tarde se dieron cuenta de que no habían tomado fotos de las pruebas en terreno, por lo tanto, decidieron volver al lugar de la detención para distribuir las pruebas por la calle y tomar las fotos”.
El artículo indicaba un listado de irregularidades cometidas en la detención del exfrentista. Algunos de los argumentos fueron que “Mateluna fue detenido en un control de identidad, lejos del lugar donde ocurrió el asalto, y no portaba armas ni dinero; no existen pruebas biológicas que lo sitúen en el banco; los detenidos confesos del asalto señalaron que Mateluna no era parte de la banda”.
El primer intento de indultar Mateluna durante su segunda condena, ocurrió en 2018, durante el último día del segundo mandato de la exPresidenta Bachelet, no obstante su ministro de Justicia, Jaime Campos, desechó la opción.
Más recientemente, el jueves 29 de diciembre de 2022 la ministra de Justicia Marcela Ríos, entregó un comunicado con 10 razones para conceder el indulto a Mateluna. Allí se encuentran la solicitud formal realizada el 2 de septiembre del mismo año; los informes psicosociales positivos de Colina 1; un informe social que lo califica como de bajo riesgo de reincidencia; uno sicológico que muestra que tiene proyecciones vitales viables; una conducta “muy buena” en el penal; la ausencia de patologías físicas y psiquiátricas, y un diplomado online que aprobó en la Universidad de Santiago. Además, el documento explica que la ley autoriza a entregar el beneficio en casos calificados, a pesar de que no haya cumplido dos tercios de la pena.
Hasta ese entonces, las críticas al indulto otorgado por el Presidente Boric habían estado enfocadas netamente en la delincuencia. Entre las condenas figuran homicidio frustrado en manos de Jordano Jesús Santander Riquelme; ataque a un peaje ubicado en el kilómetro 191 de la Ruta 5 (por el ingreso a la Avenida España de Curicó), cuyo autor fue Juan Bastián Olguín Rivera; y el caso de Bastián Ignacio Campos Gaete, acusado de porte de un elemento incendiario y robo frustrado.
Sin embargo, la crítica no había escalado a niveles casi transversales, hasta que Boric en medio de una visita a Brasil, donde asistió a la asunción de un nuevo período presidencial de Luiz Inacio “Lula” da Silva, señaló:
“Ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto de los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto de esto”, dijo aludiendo a un comunicado emitido por el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic.
¿Qué decía el comunicado del exdecano?
“Hace ya varios años, cuando nos correspondió, con muchos profesores de derecho, estudiar la causa de Jorge Mateluna, llegamos a la convicción de su inocencia y de cuán mal se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente. Ese estudio nos llevó a la convicción absoluta de la inocencia de Jorge”.
Y es que el académico se apoya en un suceso que se remonta a 2016, año en que se inició una investigación tras la querella de Mateluna, por el delito de falso testimonio, en contra de los dos carabineros que lo detuvieron.
En esa indagatoria, se realizó un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI), que concluyó que la estatura de Mateluna no cuadraba con el tamaño de la persona que se ve en el video asaltando el banco, archivo que fue usado por la Fiscalía Occidente como evidencia en el juicio para declararlo culpable.
Entonces el comunicado concluye “al indultar a Jorge Mateluna, se ha acogido lo que todos lo que nos hemos acercado al caso pensamos: ¡se ha hecho justicia!”.
Poder Judicial
No obstante, las palabras de Boric en Brasil tuvieron repercusiones políticas para Chile, puesto que, aparte de la controvertida decisión, fue la primera vez que cuestionó abiertamente una de las sentencias y por ende al Poder Judicial, el cual respondió rápidamente tras una junta extraordinaria de la Corte Suprema:
“Atendidas las expresiones efectuadas por el Presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero del actual, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, indica.
Y no fue la única pronunciación del Poder Judicial, también se manifestó y defendió la resolución de la condena, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, la cual a través de una declaración pública indicó:
“A la Fiscalía Occidente le correspondió iniciar la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio y porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación, hechos ocurridos con fecha 17 de junio de 2013, en una sucursal del Banco Santander ubicada en la comuna de Pudahuel”.
”El señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos. Lo anterior fue refrendado en todas las instancias judiciales, esto es, ante los señores jueces de Garantía que decretaron y revisaron la medida de prisión preventiva dictada en su contra; ante los señores jueces del Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que dictaron la condena en su contra; ante los ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el recurso de nulidad interpuesto por su defensa; y, finalmente, la Excma. Corte Suprema, que en diciembre de 2018 rechazó un recurso extraordinario de revisión interpuesto a su favor. Todos los anteriores pronunciamientos fueron de carácter unánime”, destacaron.
Y entonces cerró: “todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el recurso de revisión”.
A todo lo anterior, el jefe de Estado respondió mediante otra declaración pública: “Independiente de mi opinión personal del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes”, inició.
“La independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y como presidente de la República la respeto íntegramente y, por lo tanto, valoro y estoy de acuerdo con la declaración emitida por la Corte Suprema (…) “Con esta declaración espero dar por zanjada esta polémica, dejando en claro que cada poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro y eso es lo que nosotros hoy día estamos haciendo, solo así podremos fortalecer nuestra democracia”, recalcó.
Parlamentarios buscan eliminar la facultad presidencial de indulto
Todo lo sucedido llevó a, tanto integrantes de la Cámara Baja como del Senado, presentar un proyecto de ley que elimine la facultad de indulto del Presidente.
Por un lado plantearon esta iniciativa los senadores UDI Luz Ebensperger, Javier Macaya, Enrique Van Rysselberghe, Iván Moreira y David Sandoval, quienes indicaron para los medios que: “Lo que hemos vivido la semana pasada es una demostración clara de que no se utiliza bien esa facultad. Es una facultad que tiene su origen en gobiernos absolutistas, es algo muy antiguo y si no se había derogado es porque se pensaba que la autoridad podía utilizarlo prudentemente, con fines humanitarios, con enfermos terminales o con escasa posibilidad de sobrevivencia”, criticó la senadora Luz Ebensperger.
En tanto su par Javier Macaya, sostuvo para CNN que “Indultar a personas que han cometido delitos graves ha afectado la independencia del Poder Judicial”.
En tanto, desde Renovación Nacional emitieron una declaración pública para hacer un llamado al Presidente a que se retracte “a la a mayor brevedad posible, pues sus palabras son un grave atentado a nuestra democracia”, dice.
“Pese a su gravedad, no son los indultos mismos lo más reprochable, sino la actitud del Jefe de Estado. Al señalar primero que los indultados “no son delincuentes” y luego, en el caso del ex frentista Jorge Mateluna, que el beneficiado por un segundo indulto en su vida, tiene la “convicción de que es inocente” y de que se “cometieron irregularidades en su proceso”, es burlarse del Poder Judicial y pasar por encima de sus atribuciones”, critica el documento.
En esa misma línea, la diputada Paula Labra y otros nueve representantes de RN en la Cámara de Diputadas y Diputados, presentaron un proyecto de Reforma Constitucional que “suprime la facultad presidencial de conceder indulto particular”.
La parlamentaria de El Maule Sur y coautora de la iniciativa, explicó que el proyecto busca terminar con los excesos “que puede ocasionar el ejercicio de esta atribución”. Añadiendo que “el ejercicio abusivo de esta herramienta no solo es contraria a los valores de una sociedad democrática, sino que es una ofensa para las miles de víctimas del delito que tienen que observar de forma impotente cómo sus agresores alcanzan la libertad luego de años de transitar el martirio de la revictimización”.
Expresó así mismo, que confía que esta iniciativa llegue a buen término, ya que: “A todas luces el Presidente Boric está utilizando el indulto para pagar promesas políticas, lo que sacrifica la seguridad de los chilenos pues promueve que los delincuentes actúen con total impunidad”, señaló.
El documento inicia señalando que la facultad es “entregada al arbitrio del Presidente de la República”. Apuntando que es una atribución que “podríamos considerar como discrecionales en cuanto la ley no fija aquellos mandatos de los cuales el Presidente deberá sujetarse para conceder o denegar un indulto particular”.
En el proyecto presentado por los diputados de RN, se precisa que “el ejercicio de esta atribución constitucional ha estado enjuiciado en los últimos años y ha sido criticado por la amplitud con que se accede a indultar, relegando a un segundo plano un avance civilizatorio tan relevante como es la separación de poderes”. Agregando que la medida que benefició a trece condenados, es muestra clara de los excesos que puede generar esta atribución, beneficiando a una persona (como Mateluna) que fue “previamente indultada y cuyo proceso fue incluso revisado por la Corte Suprema, al haberse aducido nuevos antecedentes en un recurso extraordinario de revisión que fue desechado por el máximo tribunal de la República”.
Concretamente, los diputados RN hacen ver que “el ejercicio abusivo de esta herramienta”, y en especial en este caso que favoreció a condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social, se traduce en “una ofensa a miles de víctimas del delito que ven cómo sus agresores alcanzan la libertad”.
Finalmente, la diputada Labra señaló que: “El aumento de la delincuencia en Chile y en la Región del Maule, que se agrava a pasos agigantados, es la gran prioridad de las autoridades desde todos los sectores, indultar a delincuentes es una pésima señal para los ciudadanos y para nuestra seguridad”.
El proyecto, de autoría del Diputado José Miguel Castro, fue firmado -además de Paula Labra-, por Frank Sauerbaum, María Luisa Cordero, Camila Flores, Carla Morales, Sofía Cid, Catalina del Real, Eduardo Durán, y Marcia Raphael, consta de un artículo único que suprime del inciso final del artículo 9 la expresión “y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo”.
Acuerdo Transversal de Seguridad
No obstante, la primera medida tomada por los partidos fue restarse del Acuerdo Transversal de Seguridad, convocado por la Ministra Tohá. La encargada de Interior había logrado importantes acuerdos en torno al narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la ley antiterrorista y los cambios a la inteligencia en Chile, estos dos últimos temas muy complejos pero cuyo avance significaba un triunfo para la gestión de la encargada de la cartera. Sin embargo, todo eso se cayó. La derecha se retiró de la mesa.
El diputado por el 17° Distrito, Región del Maule, Jorge Guzmán (Evópoli), defendió la decisión de restarse de la instancia, como una forma de reprochar al Presidente:
“Esta mesa de seguridad fue una mesa que en todo el tiempo que operó fue una mesa bastante coja y en algunos casos hasta decorativa, donde los problemas de la mesa no se encontraban en la Oposición sino que estaban en el propio Gobierno, que se oponía a avanzar en temas tan importantes”, explicó el subjefe de bancada de Evópoli a la prensa.
Quien agregó también que desde Chile Vamos “la labor de legislar en materia de seguridad debe ser sincera, responsable y profesional, y desde Chile vamos no nos vamos a restar nunca en avanzar en seguridad y creemos que las prioridades que vamos a trabajar en la comisión de Seguridad y en la comisión de Constitución vamos a impulsarlas con muchas fuerzas y no nos vamos a inhibir de participar en cada materia que tenga que ver con seguridad” aseveró.
Por supuesto el mandatario hizo un llamado a retomar las negociaciones de esta materia y emplazó a la oposición, aunque sin frutos: “Quiero decir a quienes pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad por decisiones exclusivas del Presidente de la República, que están completamente equivocados. Los invito a que vuelvan a la mesa, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas”, sostuvo.
Y agregó: “Acá hay una agenda sólida en seguridad. Yo invito a la oposición a que las peleas chicas no las dejemos para las cosas que son tan relevantes para la ciudadanía. Si quieren hacer gallitos políticos, los insto a que no sea a través de la discusión de seguridad que es tan prioritaria, y nosotros como gobierno así lo asumimos y en esa línea vamos a seguir trabajando con quienes quieran y tengan la voluntad de concurrir”.
Dos acusaciones constitucionales en un día
Las repercusiones siguieron escalando y hubo dos acusaciones constitucionales en un mismo día: “El acuerdo de la bancada es acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia (Marcela Ríos), vamos a presentar prontamente el escrito (…) Es una medida muy gravosa, que es una facultad que tiene el Congreso contra los ministros de Estado y el Presidente de la República, pero en esta oportunidad creemos que lo más prudente es ejercerla contra la ministra”, señaló el diputado Jorge Alessandri, jefe de bancada de diputados UDI.
Por su parte, el diputado Benjamín Moreno (Republicanos) anunció la misma acción contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Lo anterior se aleja del indulto de Boric sin embargo se rige por una misma idea, así como por “las graves negligencias y problemas que han tenido en la operación e implementación de distintas oficinas locales de la niñez, y otros temas que están afectando directamente el futuro, la salud psicológica y la salud física de miles de niños chilenos, incluso los niños más vulnerables”, explicó Moreno.
La Constitución indica que se debe respetar a los demás poderes del Estado
Con el objetivo de profundizar en una mirada local, El Centro intentó obtener la visión del Delegado Presidencial Regional Humberto Aqueveque, sin embargo desde su equipo de comunicaciones aclararon que estas problemáticas sólo le confieren al Presidente y “no pueden” hablar al respecto.
En paralelo, La Voz del Maule quiso acceder a la visión del Fiscal Regional Julio Contardo, no obstante su apretada agenda no le dio tiempo de participar en este reportaje. Algo similar ocurrió con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, el Ministro Bernales, quien sí conversó con vuestro medio de comunicación, sin embargo explicó que según lo consagrado en el artículo seis y siete de la Constitución Política de la República, el Poder Ejecutivo y sus integrantes, donde están los ministros de Estado, no tienen más funciones de las que la ley les atribuye, de ese modo, la ley no le atribuye a los ministros ser comentaristas de los fallos judiciales. El texto vigente de la Constitución impide en su artículo 76, los cuestionamientos oficiales de los fallos judiciales. Los ministros tienen como misión o fundamento proponer planes, políticas, programas y ser colaboradores del Presidente de la República en la función de administración y de gobierno, pero no examinar los fallos.
“Nosotros, por mandato constitucional, no podemos emitir opiniones sobre las decisiones que adopten los otros poderes del Estado”, cerró el Presidente Bernales.
