Artículo elaborado por Érika Yazmín Zárate Villa, Jueza de Distrito especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, comisionada para el desempeño del cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En mayo de dos mil veintitrés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe “Derechos Humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección de las Américas”. Ese es un documento de indispensable lectura. Uno de los temas que aborda es el de los derechos de accesibilidad de ese grupo. Sobre el punto la Comisión explica que las personas mayores para la efectividad de su derecho de accesibilidad deben tener satisfechas diversas necesidades materiales, por ejemplo, infraestructura en las ciudades para que tengan espacios de recreación, edificaciones y viviendas donde se puedan desplazar con facilidad.
Con ese contexto podemos pensar en la accesibilidad tecnológica y preguntar ¿qué sucede con los derechos de las personas mayores y la creciente digitalización de la vida diaria?
La respuesta debe partir de visibilizar que no todas las personas mayores tienen acceso a internet, a una computadora o a un teléfono inteligente y que un gran número de ellas desconoce el uso de aplicaciones y de herramientas electrónicas para realizar pagos electrónicos de sus servicios o disponer de su dinero.
Muchos de esos obstáculos los viven la población en general, pero se acentúan en personas mayores. Y el problema no se centra en que las personas mayores se resisten al cambio o no desean actualizarse. Los estereotipos no resuelven el problema. Será mejor buscar opciones que permitan mantener el acceso “tradicional” a servicios y pagos, lo que incluye continuar con el funcionamiento de oficinas y atenciones telefónicas, por ejemplo.
Así, debemos ser creativos y tener claro que las soluciones no son tan simples, pues no se trata solamente de que las personas mayores reciban capacitación para acceder al mundo tecnológico.
El problema puede ser enfrentado de mejor modo si se exige a las empresas y a las entidades públicas que consideren continuar con servicios no digitales y que sus desarrollos tecnológicos contemplen procesos más sencillos pensando en que las personas que los usan no son expertas en tecnología y que a veces sus límites no se originan en la tecnología en sí misma, ya que puede ser por el diseño de las aplicaciones o sitios web, en los que quizás las letras son pequeñas o se requiere saber otro idioma.
Entonces, los servicios digitales deben acompañarse de la sencillez para lograr el efectivo acceso a todas las personas, porque la brecha digital es una realidad para la generalidad de la población, pero que se enfatiza en ciertos grupos, como el de las personas mayores.
Por Érika Yazmín Zárate Villa, Jueza de Distrito especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, comisionada para el desempeño del cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
