Con información de Biobiochile.cl
La jornada de este lunes, parlamentarios de oposición presentan la Acusación Constitucional más larga que ha habido en contra de exjefes de la cartera de Educación.
Se le responsabiliza a Marco Antonio Ávila, especialmente, de vulneración a la Carta Magna a través de la agenda de “alfabetización sexual” impulsada por el Gobierno.
Siete capítulos de presuntas vulneraciones contra la Carta Magna tendrá la Acusación Constitucional que será presentada este lunes contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Rompe así los récords de ocasiones anteriores, en que titulares de la misma cartera han visto sólo un máximo de 5 capítulos: Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019.
Incluso, se le acusa no sólo de vulnerar la Constitución, sino también criterios internacionales de protección de los derechos humanos.
Asimismo, se le responsabiliza por las deficiencias del sistema educativo en materia de violencia y los resultados del SIMCE.
¿Quiénes impulsan la acusación?
En una primera instancia, la Acusación Constitucional fue impulsada por las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independientes. No obstante, los distintos partidos de oposición -RN, la UDI y Republicanos- fueron progresivamente sumándose, pese a que también habían anunciado una interpelación en contra de Ávila.
Para que prospere el juicio político, se necesita la mayoría en la Sala -78 apoyos- siempre y cuando estén todos presentes.
Capítulos en detalle
En el primer y segundo capítulo el ministro será acusado de vulnerar el derecho constitucional preferente de los padres a educar a sus hijos, tanto por las ‘Jornadas de Educación No Sexista’ como por las guías u “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
Respecto a lo primero, se argumenta también que estos criterios vulnerarían la diversidad de proyectos educativos.
En el tercero, se le acusa de vulnerar la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación, acusando que ésta se enfocó exclusivamente en las diversidades sexuales.
En el cuarto capítulo, se le acusa directamente de incumplir su rol de autoridad y conducción del sector educativo, apuntando varios ejes de crisis del sistema (agravamiento del ausentismo y la deserción escolar, deficiente infraestructura educativa y decisiones que dañarían la calidad de la educación pública del país).
El quinto y el sexto están dirigidos a programas de la Junaeb que, acusan, fueron intervenidos por la agenda del gobierno.
Por un lado, se critica la inserción de páginas relativas a la educación no sexista en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), en desmedro de material relativo al Plan contra la Obesidad, contraviniendo los contratos vigentes.
Por otro, se apunta que los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia” han funcionado mediante contratos directos no justificados, presuntamente vulnerando la ley.
Finalmente, en el último capítulo se acusa un incumplimiento, negligencias e inejecuciones en la implementación de los Servicios Locales de Educación, específicamente en Licancabur (Calama), Maule Costa, Valparaíso y Atacama.
