Miércoles, Junio 19, 2024
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Caso Convenios: GORE Maule desisitió de avanzar en proyecto con Urbanismo Social el cual levantaba sospechas de posible falta a la probidad

A través de una carta enviada por la Fundación Urbanismo Social (misma que está siendo investigada por Fiscalía) hacia el Gobierno Regional del Maule, quedó en evidencia que se intentó intervenir en la designación de quién quedaría a cargo de un millonario convenio. El documento reveló que Cristina Bravo (DC) pidió a la fundación contratar a un concejal de su mismo partido, sin embargo la fundación lo rechazó, pero aceptó a dos cercanos del GORE.

La Gobernación del Maule, encabezada por Cristina Bravo (DC), recomendó a la Fundación Urbanismo Social contratar al concejal de Curicó, Javier Ahumada, (de su mismo partido), para un proyecto millonario que la fundación se adjudicó.

Sin embargo, la fundación rechazó esta designación y envió una carta a la gobernadora expresando su imposibilidad de contratar a Ahumada debido a su función pública como concejal y la incompatibilidad con el programa que implica trabajar con participación ciudadana y comunidades.

La Gobernación del Maule había realizado una transferencia directa de 264 millones 950 mil pesos a Urbanismo Social para el programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”. Si bien la fundación aceptó otras dos propuestas de la Gobernación, rechazó la designación del concejal Ahumada.

Este caso revela la práctica de contratar a personas cercanas, conocidas y militantes de partidos específicos en estas fundaciones, hecho que se da a conocer cuando el ministro Carlos Montes, instruyó un sumario administrativo contra el seremi de la cartera en la región del Maule, Rodrigo Hernández, por su vinculación con la misma Fundación Urbanismo Social, que recibió pagos millonarios del Ministerio.

¿Qué decía la carta?

El convenio entre Fundación Urbanismo Social y el GORE del Maule fue firmado el 22 de diciembre del año pasado, sin embargo la presidenta del directorio de la fundación, Pilar Goycoolea, envió una carta a la gobernadora del Maule el pasado 30 de mayo, donde expresó:

“Valoramos la voluntad de ambas partes de resolver este aspecto de manera conjunta y colaborativa. Por eso es que respecto de las candidaturas presentadas para cargos debemos plantear nuestra imposibilidad de contratar a Javier Ahumada, actual concejal de la comuna de Curicó.

Como directorio vemos incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto cuando se está asumiendo una función pública de representación popular dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades”.

No obstante, si fueron acogidas otras dos propuestas de la gobernación:

“En los casos de Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, creemos que cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto respectivamente”.

No obstante el roce con la línea que roza con la falta a la probidad, continúa: Una de las seleccionadas, Aily Soto Salina, es cuñada del jefe de división de planificación del GORE. Además, Rodrigo Véliz es la pareja de la asesora jurídica del Gore, Ariosha Villarreal.

Pie atrás con el proyecto

Según informó BiobioChile.cl a través de un comunicado, el GORE decidió dar marcha atrás: “El propio legislador, es quien a través de la aprobación de la ley de presupuestos de cada año, propone los mecanismos por los cuales los Gobiernos Regionales pueden ejecutar su presupuesto, en tanto que, son las propias glosas presupuestarias las que definen los procedimientos y las condiciones bajo los cuales se efectúa la aplicación de los recursos que se transfieren”.

“En el caso de la Glosas 5.1 del año 2022 se señalaban una serie de condicionantes y tipologías de programas que eran susceptibles de ser aprobados: entre ellas que fuese a instituciones privadas, sin fines de lucro y con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años, con competencia en diversas tipologías de proyectos, entre ellos, la inclusión y rehabilitación social”.

“Esta misma glosa, durante el año 2023 corresponde a la 7.1, y se flexibilizó los requisitos, no incorporando ni la antigüedad de las instituciones ni las tipologías de proyectos que pudiesen financiarse, haciéndose extensivo el financiamiento para programas, proyectos y estudios”, agrega.

“Con ocasión del hecho público y notorio de estar expuestos como caso, y dado además que las prioridades de este Gobierno Regional han cambiado a raíz de la emergencia climática reciente”.

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