Artículo de opinión por Luis Machuca Bravo Abogado, Magíster en Regulación UAI.
Minera Aclara, es titular de un proyecto denominado “Módulo Penco”, por una inversión de US$130 millones de dólares, que busca producir tierras raras en Chile. Las tierras raras son elementos esenciales para el desarrollo de ciertos componentes tecnológicos para la transición energética, en particular baterías y relacionados, que son claves para la electromovilidad, turbinas eólicas, entre otros.
El proyecto se emplaza en la comuna de Penco, región del BioBío, donde se contienen depósitos de arcillas iónicas que, a diferencia de la extracción en otros lugares, no requieren procesos metalúrgicos complejos para poder explotar y obtener los elementos químicos contenidos en las tierras.
El proyecto, de acuerdo a información oficial de la compañía aplica un proceso de producción limpia de “cosecha circular de minerales”, que no utiliza explosivos, molienda, chancado, ni tampoco produce radioactividad, lo que sería inédito a nivel mundial.
Esta es una versión renovada de un anterior proyecto, el que, entre otras cosas, se haría cargo de preocupaciones de comunidades locales respecto al uso y tratamiento de recursos de agua. En tal sentido, según se informa por la compañía, el proyecto utilizaría hasta el 100% de aguas recicladas domiciliarias tratadas. Además incorpora revegetación de 200 hectáreas de especies nativas.
Permiso de Conaf
Es en este aspecto que, recientemente, el Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, rechazó la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, asociado a la potencial corta de 6 árboles de la especie naranjillo (Citronella mucronata), individuo que en el IX proceso de clasificación de especies cargo del MMA del año 2013, se le otorgó la condición de “casi amenazada”.
Al respecto, es necesario tener presente que, en nuestro ordenamiento jurídico, toda corta de bosque, sea plantación forestal, nativo, o, como en este caso, nativo de preservación o conservación, requiere de la obtención de un Permiso Ambiental Sectorial ante la Conaf.
Este permiso, típicamente denominado “Plan de Manejo” o “Plan de Trabajo” en el caso de las formaciones xerofíticas, resulta ser un instrumento que requiere un alto nivel de precisión técnica y jurídica de parte de los desarrolladores de proyectos. Además, en los casos de corta, eliminación, destrucción, descepado o alteración del hábitat de éstas especies clasificadas en las diversas categorías de tutela, y en las que el Estado les ha dotado de una protección especial, se requiere adicionalmente de una autorización previa de parte de Conaf, la que se confiere luego de un complejo procedimiento administrativo y en particular mediante una resolución debidamente fundada, con la participación de informes de expertos del área, y siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie, sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras, construcción de caminos, ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley, requieren la compleja declaración de “interés nacional de las obras que motivan la corta”, conforme exige el artículo 19 de la Ley Nº 20.283.
El caso en comento, es un claro ejemplo en donde la institucionalidad funciona para proteger, pero no es del todo coherente con la vocación de mejora incremental del proceso de evaluación ambiental.
Es por ello, que urge generar procedimientos administrativos adecuados que, junto con proteger, permitan con la celeridad necesaria el despliegue oportuno de proyectos de inversión. Una alternativa para estos proyectos de alto valor estratégico, que, sin dejar de lado la protección, permitan generar evaluaciones previas más expeditas, y con esto certezas regulatorias para el desarrollo de proyectos, y aumentar con esto el cumplimiento normativo.
Luis Machuca Bravo
Abogado, Magíster en Regulación UAI
