Domingo, Julio 14, 2024
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“La otra cara de la moneda del rol de los jueces en la dictadura pinochetista y en la búsqueda de verdad y reparación de las víctimas: sólo tres casos como ejemplo y un homenaje”

Artículo de opinión por Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.

En los oscuros tiempos de la dictadura cívico militar brutal encabezada por Pinochet en Chile, cuando la sombra de la represión y la violencia parecía cubrir todo el horizonte, surgieron judiciales que al borde de los heroico se atrevieron a enfrentar el régimen y a convertirse en faros luz de esperanza para las víctimas y sus familias.

En este texto, honramos la valiente labor de algunos jueces cuyos nombres brillan en la historia de la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Adolfo Bañados. El juez de los Hornos de Lonquen.

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados pudo verificar en su investigación que los quince hombres que hasta ese entonces habían sido considerados como desaparecidos, fueron efectivamente las personas detenidas el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. El Ministro además estableció la falsedad de las versiones de los funcionarios implicados en las 15 muertes, quienes declararon que las víctimas murieron en confusos enfrentamientos nocturnos.

Al declarar ante el juez Bañados, el carabinero Lautaro Eugenio Castro Mendoza, declaró que los quince hombres fueron llevados a Lonquén después de ser detenidos dado que uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las minas abandonadas. Castro agrega que al llegar a los hornos de Lonquén, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros, ellos respondieron de la misma forma, disparando. Según la versión de Castro al finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta de que todos los detenidos habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron totalmente ilesos.

Ante la incongruencia de la versión de los hechos, el Ministro estableció la culpabilidad del Capitán en los hechos pero debió el 4 de abril de 1979 declararse incompetente y el proceso pasó a la justicia militar. Sin embargo, el ministro en visita había llegado a importantes conclusiones. La investigación de Bañados había establecido que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán Lautaro Castro era “intrínsecamente inverosímil”. El Ministro Bañados estableció que: “En ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas”.

El proceso siguió su marcha en la Justicia Militar, el 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra los carabineros que participaron en la muerte de los campesinos, todos en calidad de autores del delito de homicidio de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.

José Cánovas. Casos Degollados.

Estos crímenes brutales generaron conmoción e indignación en todo el país. El lunes 1 de abril, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar los crímenes.
Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la hasta entonces desconocida Dicomcar, tanto en los asesinatos de los tres profesionales, como en los secuestros de los cuatro integrantes de la Agech y de Arriagada.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por Guillermo González Betancourt, jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y el sargento José Florentino Fuentes Castro. En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura también iban González Betancourt, el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como «el Fanta», comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura.

El 1 de agosto, tras cuatro meses de investigación, el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la Dicomcar, el coronel Julios Luis Michea Muñoz, jefe de Asuntos Internos y Externos del organismo, y el teniente coronel Iván González Jorquera, jefe del GOPE.

También se declaró incompetente para que el caso fuera visto por la Justicia Militar. Sin embargo, en los días siguientes el tribunal castrense rechazó la incompetencia.
El 2 de agosto, un día después de la resolución de Cánovas, el general director César Mendoza renunció al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: «Porque se me antojó, no más», y luego agregó: «Se está desgranando el choclo…». En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la Dicomcar.

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento, y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa. En 1989 el juez se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En mayo de 1990 un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinó al coronel (r) Luis Fontaine Manríquez, en venganza por el caso Degollados.

Condenas. Tras varios años de investigación, en 1994 el juez Milton Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato, y a otros trece funcionarios a penas que oscilaron entre 41 días y 18 años de presidio.

Posteriormente la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno.

Carlos Cerda. Caso de los 13.

En diciembre de 1982 fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese cargo, Cerda se hizo conocido por sus actuaciones en la sala penal, en especial por sus investigaciones y fallos en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar comenzada en 1973.

En 1983 se le asignaron los casos de secuestro y desaparición de militantes comunistas y del MIR ocurridos a fines de 1976, y que fueron denominados «Caso de los 13», que con el tiempo pasó a ser conocido como «Caso Cerda». A pesar de sufrir un atentado fallido, en 1986 Cerda dictó el procesamiento de 40 personas que integraban el llamado Comando Conjunto, de las cuales 38 pertenecían a las Fuerzas Armadas, incluyendo a Gustavo Leigh, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea y exintegrante de la Junta militar.

La Corte Suprema, bajo la presión de la dictadura, finalmente ordenó el sobreseimiento del caso por la Ley de Amnistía, y Cerda se declaró en rebeldía por la decisión, siendo amonestado y quedando al borde de la expulsión del Poder Judicial. En 1988, Cerda archivó temporalmente el expediente del caso, dejando pendiente su cumplimiento, lo que provocó su expulsión de la  judicatura, a la cual apeló, siendo revocada.

Paralelamente a su función judicial, Cerda fue nombrado profesor invitado en la Universidad de Harvard. Durante 2002 asumió la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En 28 de octubre de 2005 fue propuesto, en reemplazo del juez Sergio Muñoz, como ministro en visita por el «Caso Riggs», que consistía en la acusación por malversación de fondos públicos a Augusto Pinochet y otras personas cercanas a éste. El abogado defensor, Pablo Rodríguez Grez, intentó sacar a Cerda del caso por una supuesta implicancia, por lo cual éste fue marginado temporalmente del caso. Rechazadas las implicancias, volvió a dirigir la investigación en diciembre de 2006, pocos días después de la muerte de Pinochet. En el intertanto, los senadores de la Alianza —coalición política de centroderecha— habían rechazado la nominación realizada por el presidente Ricardo Lagos para que Cerda integrara la Corte Suprema.

El 4 de octubre de 2007 Cerda ordenó la detención de 23 personas por el caso Riggs, incluyendo a Lucía Hiriart de Pinochet, a sus hijos, y a otros colaboradores de Pinochet. Sin embargo, tres semanas después la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la mayoría de los procesamientos realizados por Cerda.

En 2014, Cerda fue nominado por la presidenta Michelle Bachelet para integrar la Corte Suprema. El 15 de abril de ese año, el Senado de Chile aprobó la nominación por 30 votos a favor y dos abstenciones. Asumió en el cargo el 4 de junio de ese año. Cesó como ministro el 21 de junio de 2018, en la víspera de su cumpleaños 75, edad de retiro de los miembros del Poder Judicial.

Hernán González. Ministro en visita de DDHH.

En el aniversario 135 de la ICA de Talca se rindió homenaje al Ministro más antiguo de la este tribunal de alzada, y el reconocimiento por su trabajo realizado en protección de los DGHH y la búsqueda de la verdad y justicia estremeció el Salón.

Un trabajo serio, riguroso, acucioso, y siempre respetuoso de las víctimas, es lo que ha caracterizado su trabajo, su sello personal al que suma empatía, serenidad, intuición, mente abierta, principios democráticos sólidos, prudencia, iniciativa, modestia y bajo perfil, y su irrenunciable aspiración a mejorar la justicia, características que no hacen sino honrar a la Corte de Apelaciones de Talca y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la cual es académico desde hace más de 20 años.

Como hemos querido relevar en esta líneas, el Poder Judicial en General no estuvo a la altura, pero hubo casos que sí cumplieron su deber, y otro que lo siguen cumpliendo para lograr, por fin, cumplir con el mandato constitucional.
Mi reconocimiento y homenaje para ellos.

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