Contraloría detectó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras tenían licencia médica, infringiendo el reposo indicado.
Una investigación de la Contraloría General de la República reveló que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades financiadas con fondos estatales salieron del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. El informe se basó en el cruce de datos entre la PDI, las bases de licencias médicas, y el registro de funcionarios públicos.
Durante el periodo analizado, se emitieron más de 5 millones de licencias (5.147.997), y se detectaron 1.231.362 movimientos migratorios correspondientes a servidores públicos. De ellos, 35.585 licencias médicas estarían comprometidas por un posible uso irregular, con un reposo promedio de 17,7 días. El 69% de estas licencias pertenecen a afiliados de Fonasa y el 31% a Isapres.
El informe detalló situaciones llamativas. Por ejemplo, un funcionario del área de la salud se extendió una licencia médica a sí mismo y viajó al extranjero durante ese período. Además, 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 salidas del país. En cambio, 51 superaron las 31 salidas, lo que evidencia un patrón de abuso reiterado.
Las 13 entidades que concentran el 25% de las licencias cuestionadas son encabezadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280) y la Fundación Integra (1.934). También figuran las municipalidades de Arica, Puerto Montt y Temuco, entre otras, con una alta concentración de licencias vinculadas a viajes.
Respecto a las regiones con más salidas e ingresos durante estos permisos, lidera la Región Metropolitana con 26.032 registros (43,7%). La siguen Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). El desglose territorial indica que en varias zonas del país este tipo de irregularidades se extienden de forma transversal.
“Estas situaciones pueden constituir un uso indebido del permiso médico. Eventualmente, afectan la integridad del sistema de salud y de las instituciones públicas”, concluyó el informe de Contraloría. Además, advierte que los antecedentes podrían derivarse al Ministerio Público o a entidades disciplinarias.
