El Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla un plazo de hasta 14 semanas y normas sanitarias seguras.
El Gobierno ingresó este miércoles al Congreso Nacional el proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa forma parte de los compromisos adoptados por el presidente Gabriel Boric en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que esta propuesta representa un avance necesario: “Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. A quienes apoyamos que esto sea una política de salud pública, les invito a dar un debate respetuoso”.
La ministra también subrayó que el nuevo reglamento para las tres causales, tomado razón por la Contraloría la semana pasada, busca que la legislación vigente desde 2017 se aplique efectivamente en todo el país. Esto pone especial foco en niñas víctimas de violación.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el interés del Gobierno es proteger la vida y salud de las mujeres. “Ninguna mujer merece ir a la cárcel por practicarse un aborto. Lo que buscamos es que ninguna esté en condición de inseguridad por estos procedimientos”, afirmó.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó que actualmente las mujeres se enfrentan a sanciones penales por abortar. “Queremos terminar con esa criminalización y garantizar un marco legal que respete los derechos humanos y la autonomía”.
Una invitación a debatir
El proyecto contempla un costo estimado de $2.600 millones, destinados principalmente a la provisión de medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También se incluye la contratación de personal en los servicios de salud.
La estrategia sanitaria considera que el procedimiento se realice en la Atención Primaria de Salud (APS) hasta las 12 semanas. Mientras que entre las 12 y 14 semanas será derivado a la Red Hospitalaria. Según datos de la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), en ese periodo se concentran menos del 20% de los casos.
Finalmente, Orellana hizo un llamado al diálogo: “A quienes están en contra del proyecto, les invito a abrirse a un debate que, nos guste o no, ya está ocurriendo en la sociedad chilena. No podemos seguir postergando esta conversación”.
