Fiona Bonati, cuñada del Presidente Gabriel Boric, presentó su renuncia a la Secom, tras ser vinculada a viajes durante su permiso postnatal.
La Secretaría General de Gobierno (Segegob) confirmó la renuncia voluntaria de Fiona Bonati, periodista y cuñada del Presidente Gabriel Boric. Esto sucedió luego de que fuera vinculada a la investigación sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras tenían licencias médicas o permisos especiales.
Bonati ejercía funciones en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), organismo dependiente de la Segegob. Su dimisión se hizo efectiva a partir del 29 de mayo. Esto ocurrió días después de que la Subsecretaría de Gobierno iniciara un sumario administrativo, instruido por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, el pasado 23 de mayo.
La funcionaria figuraba en el grupo de más de 25 mil empleados públicos detectados por Contraloría. Se determinó que realizaron viajes internacionales en situaciones de permiso o licencia. En su caso, según reportó 24 Horas, habría salido del país en dos oportunidades durante 2023. Esto ocurrió mientras gozaba de una extensión de su postnatal por razones médicas del lactante, lo que habría derivado en su inclusión en la investigación.
“No tenía conocimiento”
Bonati, en su carta de renuncia enviada el 28 de mayo al director de la Secom, Pablo Paredes, manifestó que esperará el desarrollo del sumario para presentar su defensa formal. En declaraciones recogidas por el noticiario, indicó que “no tenía conocimiento de una prohibición expresa para viajar durante ese tipo de permiso”. Además, argumentó que su licencia no era médica convencional, sino una prórroga postnatal por una alergia alimentaria de su hijo.
Durante abril, su remuneración bruta alcanzaba los $4.046.698, en calidad de profesional encargada de monitoreo de prensa y redacción de minutas e informes. Su carrera en el sector público se remonta al año 2010, y su ingreso a la Secom se produjo durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.
El caso de Bonati reabre el debate sobre los controles internos en el uso de licencias en el sector estatal. También impulsa la necesidad de reforzar la difusión de normativas vigentes, tanto para evitar irregularidades como para asegurar la transparencia en la función pública.
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