La magistrada Irene Rodríguez fue imputada por prevaricación culposa tras liberar al sicario vinculado al homicidio del conocido “Rey de Meiggs”.
La jueza Irene Rodríguez, suspendida titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta una investigación penal por prevaricación culposa. Esto se debe a su participación en la liberación irregular de Carlos Alberto Mejía Hernández, sicario imputado por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
La imputación fue confirmada por fuentes policiales, quienes indicaron que la magistrada prestó declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI). Esto fue en el marco de una indagatoria que apunta a una posible “negligencia grave o ignorancia inexcusable” al momento de emitir los oficios judiciales que permitieron la excarcelación del imputado.
El caso ha causado impacto público desde que el pasado 26 de julio, el Poder Judicial suspendió a la jueza Rodríguez de sus funciones. En sus declaraciones públicas, la magistrada responsabilizó a Gendarmería de Chile por no haber cotejado correctamente los documentos enviados desde el tribunal.
Jueza apunta a Gendarmería
“No hay ni un otro oficio posterior que yo haya firmado con fecha posterior. Ese fue anterior”, afirmó la jueza en conferencia de prensa, al referirse al documento que anulaba la prisión preventiva del imputado. Rodríguez sostuvo que el error radica en que dicho oficio se remitió erróneamente a Gendarmería.
“Ese, a mi juicio, fue un error, un error de haberlo remitido a Gendarmería”, reconoció la magistrada. Asimismo, criticó la falta de diligencia del organismo penitenciario: “Es cuestión de cotejar, cuál primero, cuál después, nada más, y si hay dudas, llamar al tribunal”, manifestó.
La jueza aseguró que Gendarmería recibió tres oficios que ordenaban la prisión preventiva de los tres imputados en el caso. Uno de ellos fue enviado a las 20:28 horas del 9 de julio, que reafirmaba la medida cautelar. Sin embargo, previamente se había enviado otro a las 20:25 horas, que ordenaba la liberación del sicario.
“Aunque haya llegado ese oficio con formato de ‘deja sin efecto’ y ‘libertad’ […] ese no debió llegar, eso está claro, eso todos lo sabemos”, declaró Rodríguez. Insiste en que el documento liberador tenía un formato estándar y que su envío fue un desacierto.
El Ministerio Público continúa analizando la secuencia de los oficios y el procedimiento administrativo. Buscan establecer responsabilidades en una resolución que permitió la libertad de un imputado por homicidio, lo que ha generado amplio rechazo ciudadano y político.
