Alejandro Carvajal Miki fue condenado por ejercer ilegalmente la odontología, tras acreditar que atendió pacientes sin título ni autorización legal.
El Tribunal Oral en lo Penal de Curicó dictó veredicto condenatorio contra Alejandro Guillermo Carvajal Miki, acusado de ejercer ilegalmente la profesión de odontólogo en la ciudad de Curicó, Región del Maule. El fallo acreditó que el imputado atendió a decenas de pacientes sin contar con título profesional ni habilitación legal.
La investigación estableció que, entre 2018 y abril de 2021, Carvajal Miki operó en la clínica Odontología Curicó, donde se presentó como cirujano dentista, incluso con supuesta especialidad en ortodoncia. Durante ese período diagnosticó, indicó tratamientos, instaló brackets, fijó presupuestos y cobró prestaciones, replicando el actuar de un profesional de la salud.
En el juicio, múltiples víctimas declararon que el acusado realizaba las evaluaciones iniciales y definía los tratamientos, mientras asistentes ejecutaban procedimientos bajo su supervisión. El tribunal precisó que no se juzgó una mala praxis, sino el solo hecho de ejercer sin título, conducta que configura delito por sí misma.
El caso se destapó tras un reportaje televisivo que reveló hechos similares en Colina. A raíz de ello, la Seremi de Salud del Maule fiscalizó el recinto en Curicó, constató irregularidades sanitarias y decretó su clausura temporal, lo que derivó en denuncias e investigación penal.
La defensa sostuvo que debía probarse simultáneamente la atribución del título, la publicidad y la realización de tratamientos. El tribunal rechazó esa tesis y fue claro: basta una sola conducta para configurar el delito; en este caso, se acreditaron varias.
La fiscal Marcela Rocha subrayó el alcance del fallo: “Atendió a reiteradas víctimas sin tener un título profesional que lo habilitara. El tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y arribó a un veredicto condenatorio por ejercicio ilegal de la profesión”.
El tribunal impuso a Carvajal Miki tres años de presidio menor en su grado medio, multa de 11 UTM, suspensión de cargo u oficio público y pago de costas, unificando esta causa con una sentencia previa por hechos similares en Colina. Sin embargo, la pena no se cumplirá de forma efectiva: se otorgó remisión condicional, con supervisión de Gendarmería de Chile por tres años. Además, ordenó repartir $3 millones entre nueve víctimas como reparación.
