La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, estableciendo nuevas normas de control, transparencia y participación en el fútbol profesional.
Tras una década de tramitación legislativa, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), marcando un punto de inflexión en la organización del fútbol chileno.
La iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario con 148 votos a favor y una abstención, correspondiente al diputado Daniel Lilayu (UDI). Con ello, el proyecto quedó despachado como ley, cerrando un proceso iniciado en 2015.
El nuevo marco legal busca fortalecer la transparencia, mejorar la gobernanza y prevenir conflictos de interés en los clubes. Uno de los cambios más relevantes es el fin de la multipropiedad, prohibiendo que una misma persona o entidad controle más de un club en una misma categoría, medida orientada a resguardar la competencia deportiva.
Asimismo, la normativa establece una fiscalización más estricta y especializada, que estará a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas entidades supervisarán la gestión financiera y exigirán la identificación de los beneficiarios finales de las sociedades.
Otro aspecto central es la prohibición para representantes de jugadores de ejercer como propietarios o directivos de clubes, con el objetivo de evitar interferencias en la toma de decisiones deportivas.
En paralelo, la reforma impulsa una mayor participación de hinchas y socios, incorporando mecanismos que les permitirán incidir en decisiones relevantes de las instituciones.
Respecto a la estructura del fútbol chileno, el proyecto contempla la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, aunque este punto deberá resolverse en una comisión mixta, tras quedar pendiente en la tramitación final.
El senador Matías Walker, uno de los impulsores de la iniciativa, había señalado que la reforma apunta a “modernizar el fútbol chileno y alinearlo con estándares internacionales de transparencia”.
Finalmente, la ley establece un plazo de 18 meses para la elaboración del reglamento que permitirá su implementación, tras lo cual comenzarán a regir los nuevos estándares para el deporte profesional.
