El Ejecutivo argentino busca modificar leyes clave para permitir inversiones en terrenos rurales, incluyendo zonas incendiadas, lo que genera cuestionamientos ambientales y políticos.
El Gobierno de Javier Milei ingresó al Congreso argentino una serie de proyectos que buscan modificar el marco legal de la propiedad de tierras rurales, con énfasis en flexibilizar restricciones vigentes sobre territorios afectados por incendios.
Entre las iniciativas destaca la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, normativa que desde 2020 prohíbe cambiar el uso de suelos incendiados para actividades inmobiliarias o productivas intensivas. La propuesta oficial apunta a levantar estas limitaciones, lo que abriría la puerta a nuevas inversiones en dichas zonas.
El debate se instala en un contexto marcado por los incendios forestales recurrentes, especialmente en la Patagonia argentina, donde —según Greenpeace— se han visto afectadas cerca de 64.000 hectáreas desde diciembre pasado.
El Ejecutivo también busca modificar la denominada ley de tierras rurales, que actualmente limita la compra por parte de extranjeros al 15% del territorio nacional y establece restricciones en zonas estratégicas, como áreas fronterizas o con recursos hídricos. La normativa además fija topes por nacionalidad y superficie máxima por titular.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió las reformas al señalar que “inversiones como el petróleo, la minería o el agro requieren la compra de terrenos grandes” y advirtió que impedirlas responde a “un mero capricho ideológico”. Asimismo, enfatizó que “los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión”.
En paralelo, el Gobierno impulsa ajustes al régimen de expropiaciones, con el objetivo de restringir su aplicación y elevar las compensaciones económicas. “El Estado no puede definir de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado”, sostuvo Adorni.
Otra arista del paquete legislativo incluye modificaciones a la ley de glaciares, que permitirían a las provincias habilitar actividades mineras en zonas periglaciales, tras el reciente respaldo del Senado.
Las propuestas han generado una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas, sectores ciudadanos y parlamentarios de oposición, quienes advierten sobre posibles impactos ecológicos y riesgos de especulación inmobiliaria. En este contexto, se desarrolla una audiencia pública con la participación de más de 400 expositores, mientras miles de personas han anunciado la presentación de observaciones formales.
