Paulo Hidalgo. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de York-Inglaterra.
Calama primero. Un estudiante de dieciocho años ingresa al Instituto Obispo Silva Lezaeta con cuchillos, un machete, gas pimienta, líquido acelerante y una bomba falsa. Meses de planificación. Señales en redes sociales que nadie procesó. Una inspectora de 59 años muerta porque cumplía su trabajo. Valdivia después. Estudiantes sitian a la ministra de Ciencias, la empujan, le lanzan agua, bloquean su salida. Dos hechos separados por doce días y por naturaleza. Unidos por una sola evidencia: que la escuela y la universidad han dejado de ser espacios a salvo de la violencia.
El gobierno reaccionó como suele hacerlo. Querellas, declaraciones, detectores de metales. La querella es un instrumento jurídico, no una política de convivencia. Los detectores identifican el arma una vez que ya entró. Ninguna de las dos medidas toca lo que ocurrió antes: meses de malestar acumulado sin que nadie lo viera, o años de permisividad institucional que normalizaron el hostigamiento como forma de presión política. El problema no empezó el día de los hechos. Esa es la ilusión que la reacción rápida contribuye a sostener.
Chile tiene hoy aproximadamente un psicólogo por cada cuatro mil alumnos en el sistema público. La cifra no es un detalle técnico: es la medida exacta de la distancia entre el discurso sobre convivencia escolar y la realidad de los establecimientos. Una escuela sin profesionales de salud mental no detecta crisis; las contiene hasta que estallan. Y contiene cada vez más, porque la red que debería actuar antes —la familia, el barrio, los servicios sociales— se ha adelgazado al punto de casi desaparecer. Cuando esa red falla, la escuela queda sola frente a tareas que nunca fueron suyas. No tiene herramientas para asumirlas. Tiene pizarras, inspectores y cuarenta alumnos por sala.
La comparación europea no es decorativa. Finlandia lleva dos décadas aplicando el programa KiVa de prevención del acoso escolar, con equipos multiprofesionales —psicólogo, trabajador social, enfermero— integrados en cada establecimiento y protocolos de intervención temprana obligatorios. Los Países Bajos construyeron los Zorg- en Adviesteams: equipos de atención y orientación que articulan en cada escuela a docentes, salud mental, servicios sociales y municipio bajo un mismo protocolo de detección. Alemania instaló el trabajo social escolar como servicio permanente, no como programa piloto. En todos estos casos la lógica es la misma: la prevención es infraestructura, no reacción. Se financia antes de la tragedia, no después. Y produce resultados que no aparecen en los titulares porque lo que previene no ocurre.
Chile hace lo inverso. Espera el hecho, reacciona con velocidad, anuncia medidas, cierra el ciclo. Es un patrón que tiene la apariencia de la gestión pero no su sustancia. La gestión real sería sostener equipos de salud mental en cada establecimiento, articular escuela con familia y servicios de proximidad, y asumir que la convivencia democrática no se declama: se aprende o no se aprende en el aula, en el pasillo, en el campus.
En las universidades el problema tiene otro nombre. Las autoridades académicas llevan años cediendo terreno ante cada episodio de presión, confundiendo condescendencia con apertura. El resultado es predecible: federaciones que operan sin límites porque los límites nunca se sostuvieron. Sitiar físicamente a una autoridad no es protesta. Es intimidación. Y una institución que no lo nombra así no educa para la democracia; educa para la impunidad del método.
La violencia que escala en Chile no es un problema de armas ni de ideología. Es el síntoma de una sociedad que produce estímulos y destruye vínculos, que exige rendimiento y abandona la contención. El Estado delegó en la escuela una función de cohesión social que no puede cumplir sola. Hasta que eso cambie, los detectores de metales seguirán llegando tarde.
