Diego Palomo. Abogado. Doctor en derecho procesal y académico de la Universidad de Talca.
Hay una frase —tan castiza como incómoda— que suele aparecer cuando alguien intenta corregir sobre la marcha lo que ya ha sido dicho: donde dije digo, digo Diego. No es una frase inocente. Encierra una advertencia. Porque no siempre lo que se presenta como un simple ajuste de lenguaje es, en realidad, un intento de recomponer el sentido de una decisión que, una vez expuesta, genera más problemas de los que se calcularon.
En las últimas semanas, el Gobierno ha ido acumulando una secuencia de episodios que, con una insistencia llamativa, son explicados bajo una misma fórmula: “problemas de comunicación”. Medidas de alto contenido polémico, que tras recibir críticas —algunas previsibles, otras inevitables— son rápidamente reencuadradas como errores en la forma de comunicar. No en el fondo. No en la decisión. En la comunicación. Como si el problema residiera, una y otra vez, en la palabra escogida, en el tono empleado, o en la oportunidad del mensaje.
El caso reciente vinculado a una política pública de alimentación de niños en establecimientos educacionales es particularmente elocuente. Se dijo “discontinuar”. Luego se aclaró que no era “discontinuar”, sino “reformular”. Y con ello se pretendió cerrar el episodio. Pero el punto es otro. Porque cuando se trata de políticas públicas que inciden directamente en sectores especialmente vulnerables —niños que dependen de ese apoyo para algo tan básico como alimentarse—, el margen para el error semántico no es simplemente estrecho: es, derechamente, mínimo. No se trata de un problema menor de redacción. Se trata de la capacidad de anticipar el impacto de lo que se dice, de lo que se decide y de cómo ambas cosas se entrelazan.
Llegados a este punto, conviene hacerse una pregunta: ¿estamos realmente frente a un problema comunicacional? ¿O más bien frente a decisiones que, una vez expuestas, revelan una falta de calibración política y social que luego se intenta corregir por la vía del lenguaje? Porque si el problema fuese solo comunicacional, la reiteración de estos episodios comenzaría a ser, por decir lo menos, difícil de justificar. Y si no lo es, entonces el recurso a la “mala comunicación” empieza a parecer más una coartada que una explicación.
La cuestión se vuelve aún más difícil de entender si se considera quiénes integran el Gobierno. No estamos ante un grupo carente de formación o de herramientas. Muy por el contrario. Se trata, en buena medida, de personas que han tenido acceso a los mejores colegios y a las mejores universidades del país.
Personas que han sido entrenadas, precisamente, en el uso del lenguaje, en la argumentación, en la distinción fina entre conceptos que, en apariencia, pueden parecer cercanos, pero que en la práctica producen efectos radicalmente distintos. Por lo mismo, resulta frustrante —y también preocupante— que ni siquiera ese capital formativo logre traducirse en un estándar comunicacional básico cuando lo que está en juego son decisiones de alto impacto público.
Porque aquí conviene decirlo con claridad: en el ejercicio del poder, la palabra no es un detalle accesorio. No es un elemento decorativo que pueda ajustarse a posteriori sin mayores consecuencias. La palabra es parte de la decisión. La configura, la delimita, la proyecta. Decir “discontinuar” no es lo mismo que decir “reformular”. Y no lo es no solo por una cuestión lingüística, sino porque cada término activa expectativas, temores y reacciones distintas en la ciudadanía.
Persistir en la idea de que todo se reduce a un problema de comunicación termina, además, por erosionar algo que es esencial en la gestión pública: la confianza. Porque si cada medida polémica puede ser reinterpretada al día siguiente como un simple error de expresión, lo que se instala es la sospecha de que el lenguaje se utiliza más para amortiguar costos que para informar con transparencia. Y esa es una dinámica muy peligrosa.
En tiempos marcados por la incertidumbre, por crisis que se superponen y por una ciudadanía cada vez más atenta —y también más desconfiada—, el estándar no puede ser el de la corrección posterior. El estándar debe ser el de la precisión inicial. No por una exigencia académica o purista, sino por una razón mucho más simple: porque gobernar implica hacerse cargo, desde el primer momento, de las palabras que se eligen y de las decisiones que esas palabras representan.
Al final del día, insistir en que donde se dijo una cosa en realidad se quiso decir otra no resuelve el problema. Lo posterga. Y, a ratos, lo agrava. Porque cuando el lenguaje comienza a moverse más rápido que las decisiones, o cuando se utiliza para encubrirlas, lo que se pierde no es solo claridad. Es algo bastante más difícil de recuperar: la credibilidad.
