Paulo Hidalgo. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de York-Inglaterra.
Cuando el populismo irrumpe en una democracia liberal, rara vez lo hace porque las urnas hayan fallado. Irrumpe porque lo que hay después de las urnas ha dejado de funcionar: el hospital que no responde, la pensión que no alcanza, la escuela que no nivela, el trabajo que se precariza. Donde la ciudadanía vota y nada cambia en su vida material, la democracia pierde algo más importante que la popularidad: pierde sentido.
El Estado de bienestar nació para impedir exactamente eso. No es un invento de la izquierda, como suele repetirse sin mayor escrutinio. Bismarck instauró los primeros seguros sociales en la Alemania de 1880 con un cálculo conservador: desactivar la marea obrera antes de que se volviera revolucionaria. Después de 1945, con el Informe Beveridge en el Reino Unido y el pacto socialdemócrata nórdico, esa arquitectura se convirtió en otra cosa: la manera concreta en que las democracias occidentales tradujeron los derechos proclamados en el papel a las condiciones materiales de la vida cotidiana.
Lo que llamamos Estado de bienestar no es un programa ni un conjunto de subsidios. Es un pacto sobre el lugar del mercado en la vida social. La sociedad acepta financiar colectivamente salud, educación, pensiones, protección al desempleo y cuidados, a cambio de que ciertas dimensiones de la existencia queden fuera del alcance pleno del mercado. Gøsta Esping-Andersen llamó a esto desmercantilización: el grado en que una persona puede mantener un estándar de vida digno sin depender exclusivamente de vender su fuerza de trabajo. Cuanto más desmercantilizada una sociedad, más libre es materialmente su ciudadanía. La libertad, en ese sentido, no es solo la ausencia de coerción política: es también la posibilidad de decir que no al peor empleo disponible, de enfermarse sin quebrarse, de envejecer sin humillación.
Esping-Andersen distinguió tres modelos, y la distinción sigue siendo útil. El liberal —Estados Unidos, Reino Unido—, donde el Estado actúa como red residual y el mercado organiza casi todo; quien cae, cae lejos. El conservador —Alemania, Francia, Italia—, donde la protección se articula en torno al empleo formal y la familia, con fuerte vocación de preservar estatus. Y el socialdemócrata —los países nórdicos—, donde los derechos son universales, el Estado amortigua activamente las desigualdades que el mercado produce y el ciudadano no aparece definido por su productividad. Las tres son democracias liberales; pero la calidad de vida, la movilidad social y, en definitiva, la legitimidad democrática varían de manera notable entre ellas.
Sin algún grado significativo de desmercantilización, la democracia liberal es cáscara. Se puede votar, se pueden tener derechos formales, se puede redactar una constitución admirable, pero si la enfermedad grave significa ruina familiar, si la pensión obliga a seguir trabajando a los setenta y cinco años, si el desempleo equivale a quedar a la intemperie, entonces la libertad que la democracia proclama se vuelve un lujo para quienes ya están resguardados. T. H. Marshall lo dijo hace mucho, y con más elegancia: la ciudadanía no se agota en lo civil y lo político; requiere un componente social que la haga efectiva. Sin ese tercer pilar, los otros dos se sostienen en el aire.
Los países nórdicos, los Países Bajos, Alemania o Francia no tienen sus democracias mejor resguardadas porque voten de modo distinto. Las tienen mejor resguardadas porque recaudan un tercio o más de su PIB en impuestos y lo traducen en servicios visibles. Los populismos iliberales germinan, justamente, allí donde esa traducción falla: en la rabia de quien siente que el Estado le exige lealtad democrática sin entregarle, a cambio, protección material. No es casualidad que la ola iliberal europea sea más débil en los países que aún conservan pactos sociales robustos, y más voraz en los que los han erosionado.
En América Latina —y Chile es un caso paradigmático— hemos construido democracias que celebran elecciones impecables y fallan en lo esencial. Países que recaudan alrededor de veinte puntos del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE, no pueden ofrecer el soporte material que una democracia liberal plena requiere. La desmercantilización que los nórdicos consolidaron durante décadas aquí ni siquiera logró instalarse como horizonte compartido: la discusión se detuvo antes de comenzar. Y cuando la ciudadanía percibe que la democracia distribuye votos pero no protección, la tentación del atajo autoritario se vuelve una variable, no una anomalía. Quizá la pregunta no sea por qué crece el malestar. Quizá sea por qué sigue sorprendiéndonos.
