La Contraloría General de la República concluyó que la exministra María Trinidad Steinert vulneró la ley al solicitar antecedentes reservados de la PDI y omitir su deber de abstención.
Con información del medio asociado: BBCL.
La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert Herrera, excedió las atribuciones que le entrega la legislación vigente al solicitar información reservada sobre funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculados a una investigación por narcotráfico. Además, el organismo estableció que la exautoridad incumplió su deber de abstención debido a su relación profesional previa con los funcionarios involucrados.
El dictamen, firmado por la contralora Dorothy Pérez, surgió tras denuncias presentadas por parlamentarios que cuestionaron un oficio reservado enviado el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de que Steinert asumiera el Ministerio de Seguridad Pública. La resolución concluye que varias de las solicitudes formuladas no guardaban relación con las funciones legales de planificación y coordinación que corresponden a esa cartera.
Entre los antecedentes requeridos figuraban la identificación completa de funcionarios, sus cédulas de identidad, grados, destinos actuales, información sobre la causa penal en la que participaban, además de eventuales sumarios administrativos, antecedentes disciplinarios y denuncias penales. Para la Contraloría, estas peticiones sobrepasaron claramente las competencias legales de la entonces ministra.
El organismo fiscalizador también advirtió que acceder a ese nivel de información podía afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, situación que la normativa prohíbe expresamente. En consecuencia, sostuvo que las solicitudes realizadas carecían de justificación para el cumplimiento de las funciones institucionales del ministerio.
Uno de los aspectos centrales del dictamen apunta al conflicto de interés. La Contraloría recordó que los requerimientos recaían sobre una brigada de la PDI con la que Steinert trabajó durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá, por lo que debió abstenerse de intervenir para evitar cualquier cuestionamiento sobre su imparcialidad.
En el documento, el organismo concluyó que: “No se advierte de qué manera los requerimientos específicos (…) puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes”, reafirmando que la actuación de la exsecretaria de Estado “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial”.
Pese a las observaciones, la resolución precisa que el dictamen no establece responsabilidades penales contra la exministra ni cuestiona la legalidad de la salida de una exprefecta de la PDI, decisión que el propio organismo consideró ajustada a derecho.
