La resolución establece que los hechos denunciados durante 2025 son distintos a los revisados anteriormente y exige al municipio justificar las medidas que adopte, el caso se remonta al año 2024.
La Contraloría General de la República rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por la Municipalidad de Talca y confirmó que el municipio deberá responder de manera fundada a nuevas denuncias de acoso laboral formuladas por una asistente de la educación del Liceo Abate Molina.
El caso se originó en 2024, cuando la funcionaria denunció situaciones que calificó como hostigamiento laboral y cuestionó su traslado desde la biblioteca del establecimiento hasta labores de inspectoría. En aquella oportunidad, el municipio informó las medidas adoptadas y el órgano contralor concluyó que el cambio de funciones podía concretarse mediante un acto administrativo, siempre que cumpliera con las exigencias correspondientes.
Sin embargo, durante 2025, la trabajadora presentó nuevas denuncias ante las autoridades. Entre los hechos expuestos, afirmó que se le habría impedido ingresar al establecimiento, que otras personas ocupaban su puesto y que existía la posibilidad de trasladarla a otro recinto educacional.
Además, la funcionaria denunció nuevos episodios de hostigamiento, los que atribuyó a integrantes de la dirección del liceo y a funcionarios del Departamento de Educación Municipal.
Frente a estas presentaciones, la Municipalidad de Talca argumentó que las situaciones denunciadas ya habían sido abordadas mediante su protocolo interno y que, por lo tanto, no correspondía iniciar un nuevo procedimiento.
La Contraloría, sin embargo, descartó ese argumento. El organismo fiscalizador estableció que los hechos denunciados durante 2025 eran distintos de aquellos analizados en 2024, tanto por su naturaleza como por el período en que ocurrieron.
Por esta razón, el órgano contralor rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por el municipio al no advertir un manifiesto error de hecho en su pronunciamiento anterior.
Con esta decisión, la Municipalidad de Talca deberá aplicar nuevamente su protocolo interno y emitir un acto administrativo debidamente fundamentado. En dicho documento tendrá que explicar las razones por las que decide iniciar o descartar un eventual procedimiento disciplinario respecto de las nuevas denuncias.
Finalmente, la Contraloría recordó que sus pronunciamientos tienen carácter obligatorio para los organismos fiscalizados. Asimismo, advirtió que el incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios encargados de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.
