Diego Palomo. Abogado y académico de la Universidad de Talca.
El caso audios (también conocido como el caso Hermosilla) marcó un hito donde el sistema vigente de nombramientos judiciales hizo crisis y puso de relieve prácticas que han puesto en cuestionamiento la confianza de la ciudadanía en el sistema, lo que apareja una serie de consecuencias dañosas que van desde la desafectación con las reglas de un estado de derecho hasta la instalación de un manto de duda en toda actuación que se realice por los tribunales de justicia.
Si bien el terremoto que ha implicado el caso audios ha movido el tablero de una manera nunca antes vivida, dando paso a una crisis institucional nunca antes experimentada en el Poder judicial, con procedimientos disciplinarios (terminados con medida de expulsión, y otros videntes) y con acusaciones constitucionales por notable abandono de deberes (que terminaron con dos de tres supremos destituidos), ha importado la oportunidad de poner en valor la afectación no solo de la credibilidad de la Justicia sino un principio central sobre el cual la función jurisdiccional se levanta y desarrolla: la independencia.
Al día de hoy, se recoge una fórmula de nombramiento que siempre y en todos los casos contempla, además de la intervención del Poder judicial (a través de la configuración de ternas o quinas), la intervención del Poder ejecutivo y, tratándose de los ministros y fiscales judiciales también del Senado, lo que ha dado un espacio relevante a situaciones de tráfico de influencias (entre otras figuras que se han reprochado en algunos casos específicos).
Pues bien, desde hace algunos meses se encuentra en tramitación un proyecto de reforma a la Constitución que busca hacerse cargo de los defectos centrales del sistema actualmente vigente, contemplando por ejemplo la creación de un Consejo de nombramiento (de integración heterogénea, pero de mayoría judicial) que tendrá como función principal hacer llegar al presidente de la República una terna o quina jerarquizada, que da cuenta de uno de los valores que quiere resguardar la propuesta: el mérito.
El miércoles pasado se aprobó por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la creación y conformación de dicho Consejo, integración en la cual se debió arribar a una fórmula de compromiso para permitir el avance del proyecto. También se aprobó la creación de un órgano de administración, que será el sucesor de la actual Corporación Administrativa del Poder Judicial, actualmente bajo la tutela de la Corte Suprema.
El jueves, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca recibió al ministro de Justicia y DDHH Jaime Gajardo, quien junto con exponer en detalle la propuesta y sus objetivos, dio respuesta a una serie de interrogantes que le pudimos plantear, entre ellas la razón por la cual no se excluyó al Senado del proceso de nombramiento de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, atendido lo vivido a propósito del caso Hermosilla. Sin duda es una cuestión donde las opiniones diversas son legítimas y pueden sostenerse con argumentos válidos, aunque en lo personal estimamos que es sólo una muestra más que evidencia la reticencia del Senado a perder influencia en el nombramiento de los integrantes del máximo tribunal.
Como sea, y como apunte final, no puede perderse de vista que la crisis del Poder Judicial no puede entenderse desalineada con la crisis ética e intelectual que la sociedad chilena muestra hoy en día. La reforma debe servir para asegurar que quienes ejerzan la jurisdicción sean personas que tengan las condiciones personales intelectuales y éticas que les permitan dirigir y encabezar con autoridad tal importante labor, recuperando la confianza en el desempeño de la Justicia, despejando dudas bien y mal intencionadas.
Por último, conviene también no olvidar que la mera aprobación de reformas normativas no tiene poder taumatúrgico: será su aplicación y concretización las que den cuenta del real impacto de ellas en la mejora sustantiva del factor humano en la Justicia. Ojalá así sea, en aras del resguardo de la independencia judicial, y en respeto a los justiciables que han renunciado a la autotutela a cambio del derecho de acceder a una jurisdicción que opere cumpliendo un estándar que respete mínimos que den legitimidad al modelo.
