El Senado aprobó el proyecto que prohíbe el uso de celulares en todos los niveles escolares y lo envió a la Cámara. La norma regirá desde marzo de 2026.
La Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos de comunicación personal en los niveles parvulario, básico y medio de todos los establecimientos educacionales del país. La iniciativa pasó ahora a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El texto reúne siete mociones refundidas y considera los ajustes propuestos por la Comisión de Educación, que amplió la prohibición a todos los niveles escolares. Además, fija un marco claro de derechos y deberes para estudiantes, apoderados y docentes, en un intento por ordenar el uso de la tecnología dentro de la comunidad educativa.
El presidente de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza, explicó que la medida busca proteger los procesos de aprendizaje y fortalecer el rol de las familias. “No se trata solo de prohibir por prohibir, sino de establecer reglas claras y un uso responsable de la tecnología”, afirmó. También recalcó que los apoderados deberán supervisar el uso de dispositivos fuera del horario escolar.
El proyecto incorpora una nueva obligación para el Estado, que deberá promover un uso seguro, responsable y formativo del contenido digital dentro del sistema educativo. “Queremos que el sistema enseñe a relacionarse con la tecnología sin que interfiera en el aprendizaje”, agregó Sanhueza.
Excepciones y reglas
La norma contempla excepciones cuando el celular funcione como herramienta pedagógica, apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales, dispositivo de monitoreo de salud o en situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.
También permitirá un uso excepcional si un apoderado lo solicita de forma justificada por razones de seguridad. En educación media, los establecimientos podrán definir espacios u horarios específicos para su utilización, considerando la autonomía progresiva del estudiantado.
Implementación y evaluación
Si el proyecto se convierte en ley, los colegios deberán actualizar sus reglamentos internos a más tardar el 30 de junio de 2026. Además, el Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 un informe de evaluación integral sobre el impacto de la medida en la convivencia escolar, el rendimiento académico, el bienestar socioemocional y las brechas digitales.
