La ministra María Cristina Gajardo denunció a tres altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial por ofrecer servicios remunerados a terceros, incluso en el extranjero.
Con información del medio asociado: BBCL.
La Corte Suprema presentó una denuncia contra altos funcionarios del Poder Judicial, luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas a la oferta de servicios remunerados a terceros, tanto en Chile como en el extranjero, durante los años 2024 y 2025.
La acción fue impulsada por la ministra María Cristina Gajardo Harboe, quien formuló cargos en el marco de un sumario administrativo instruido en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Los denunciados corresponden a Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional; Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.
Según los antecedentes recopilados, los funcionarios habrían ofrecido servicios profesionales remunerados, de manera directa y mediante sociedades, en áreas relacionadas con sus funciones dentro de la CAPJ, lo que generó alertas sobre un eventual uso indebido de conocimientos adquiridos en el ejercicio de cargos públicos.
El sumario estableció que los involucrados prestaron servicios a la República Dominicana y que también realizaron ofertas en Argentina y Chile a través de Innovectio SpA, sociedad de la cual los tres son socios. Para la ministra instructora, estos hechos podrían configurar el delito de negociación incompatible, motivo por el cual remitió los antecedentes al fiscal nacional, Ángel Valencia.
La investigación administrativa se originó tras una denuncia anónima, ingresada el 20 de octubre mediante el canal institucional. Dos días después, el caso fue expuesto en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial, instancia que resolvió iniciar la indagatoria disciplinaria.
De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, la decisión de encargar el sumario a una ministra de la Corte Suprema respondió a la gravedad de los hechos, considerando que involucran a jefaturas de la Corporación y podrían afectar relaciones institucionales a nivel internacional.
Consultados por la investigación, los funcionarios señalados afirmaron que se encuentran ejerciendo sus descargos y utilizando todas las instancias del procedimiento administrativo para acreditar su inocencia. Además, cuestionaron la filtración de antecedentes, argumentando que “dañan la honra y afectan el principio de inocencia”.
“No hemos vulnerado norma alguna. Respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento y enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa”, señalaron mediante una declaración.
