El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo al estimar que la prueba no acreditó infracción a los reglamentos en el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos en la causa por las lesiones que dejaron ciego al entonces manifestante y hoy diputado electo Gustavo Gatica, durante una protesta ocurrida el 8 de noviembre de 2019.
En su fallo, el tribunal sostuvo que la prueba rendida no permitió acreditar que el disparo se ejecutara con infracción a los reglamentos vigentes. En esa línea, afirmó que “la prueba aportada no permite formar convicción de que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos”.
La jueza Cristina Cabello contextualizó los hechos y señaló que Gatica “se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial”. Agregó que el avance de la infantería con armas menos letales se configuró como la única medida eficaz para evitar que los manifestantes coparan la posición policial en un momento de ventana de vulnerabilidad operativa.
El tribunal explicó que la remetida policial, ejecutada a las 18:07 horas, se ajustó a la normativa vigente, en particular a la circular 1832 y la orden general 2635, y a los principios del uso de la fuerza, calificándola como una respuesta necesaria, proporcional y legal ante una agresión considerada ilegítima y de carácter letal.
Respecto de la autoría, la sentencia indicó que la evidencia permitió establecer “más allá de toda duda razonable” que el disparo provino del arma que portaba el acusado, descartando la participación de otros funcionarios. Sin embargo, sobre la dirección del disparo, el tribunal precisó que no es posible determinar con certeza el comportamiento de las postas al ser disparadas, lo que impidió acreditar una infracción reglamentaria.
El proceso se extendió por más de 330 sesiones, en las que los querellantes intentaron demostrar la responsabilidad penal de Crespo. La defensa cuestionó los peritajes del Ministerio Público, sosteniendo que no resultaron concluyentes, y reprochó la falta de informes sobre el comportamiento de los manifestantes y la conducta previa de la víctima. La Fiscalía solicitó 12 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, pretensión que el tribunal finalmente desestimó.
