La colectividad liderada por Juan Marcelo Valenzuela advierte que pasará a la oposición si el próximo Ejecutivo impulsa retrocesos sociales, mientras tensiona la testera con el nombre de Pamela Jiles.
A pocas semanas del inicio del año legislativo, el Partido de la Gente (PDG) asumió un rol determinante en la configuración del poder en el Congreso. La colectividad, que cuenta con 14 diputados capaces de inclinar votaciones estratégicas, endureció su postura frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. El próximo jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, descartó un alineamiento automático con los bloques tradicionales y aseguró que el partido priorizará una ruta propia enfocada en la clase media.
El PDG estableció una “línea roja” clara respecto a la relación con La Moneda. Según explicó Valenzuela, apoyarán toda iniciativa que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, pero actuarán con firmeza desde la vereda de la oposición si el Ejecutivo intenta imponer una agenda valórica o retroceder en conquistas sociales. Esta advertencia surge en un momento crítico, donde la conformación de mayorías será fundamental para la gobernabilidad del país.
En paralelo, la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados mantiene las negociaciones en un punto muerto. La bancada instaló oficialmente el nombre de Pamela Jiles para encabezar la testera, argumentando su experiencia y respaldo ciudadano. Ante la negativa de los sectores de derecha para aceptar esta propuesta, el coordinador de bancada, Giancarlo Barbagelata, confirmó la suspensión de las conversaciones con dicho sector, aunque precisó que el diálogo no está cerrado definitivamente.
La estrategia del PDG contempla tres escenarios posibles: pactar con la izquierda, con la derecha o actuar de forma independiente asegurando cupos en comisiones clave gracias a su peso numérico. Se espera que las reuniones de alto nivel se intensifiquen entre fines de febrero y comienzos de marzo, periodo en el que la colectividad deberá definir su posición final en el pacto administrativo de la Cámara, elevando la presión política antes del cambio de mando oficial.
