El mandatario interino, José María Balcázar, inicia su gestión ratificando polémicas posturas sobre la sexualidad infantil y enfrentando serios cuestionamientos por apropiación ilícita y corrupción.
La llegada de José María Balcázar a la presidencia interina de Perú ha desatado una tormenta política y social. En su primera comparecencia ante los medios, el líder izquierdista de 83 años no solo evitó retractarse de sus controvertidas opiniones sobre la infancia, sino que las reafirmó con vehemencia. En una entrevista con RPP, el mandatario validó su postura de 2023, sosteniendo que “el inicio de las relaciones sexuales tempranas, más bien, ayuda al futuro psicológico de la mujer”, una afirmación que ha sido calificada de pseudocientífica y peligrosa por expertos en salud mental.
Al ser consultado sobre el matrimonio infantil, práctica cuya prohibición se negó a apoyar como congresista, Balcázar optó por la evasión. Afirmó que la prensa intenta crear “leyendas negras” sobre su trayectoria y, ante la pregunta directa de si había cambiado de opinión, respondió con un tajante “no”. Esta actitud ha puesto en alerta a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), organismo que denunció que tales expresiones normalizan la violencia sexual y vulneran los tratados internacionales de protección a niñas y adolescentes.
¿En qué momento se volvió “normal” relativizar la violencia sexual contra niñas? 🔊🚩
— CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) February 19, 2026
Justificar la violencia desde un cargo público no es solo un error, es una herramienta política para desproteger a las víctimas. Las cifras del 2025: una denuncia cada 40 minutos mientras en… pic.twitter.com/PE7o0LSqTe
Sin embargo, el flanco moral no es el único que debilita la gobernabilidad de Balcázar. Su historial judicial incluye investigaciones por corrupción y apropiación ilícita vinculadas a su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según registros judiciales, el mandatario ha enfrentado procesos por el manejo irregular de fondos institucionales y fue vinculado preliminarmente al caso “Los Niños”, una red de favores políticos ilícitos dentro del Parlamento que sacudió al país durante el gobierno de Pedro Castillo.
Pese a que el presidente defiende su “trayectoria impecable” y asegura poseer la cultura necesaria para legislar sobre temas de familia, la sociedad civil y diversas bancadas de oposición cuestionan su idoneidad moral. El Ejecutivo enfrenta ahora el desafío de sostener un gobierno de transición mientras las calles y los organismos internacionales exigen una rectificación inmediata sobre sus políticas de protección a los derechos fundamentales.s.
