El ministro Juan Carlos Muñoz firmó la concesión del cable submarino entre China y Chile, pero la autoridad anuló el decreto dos días después en medio de revisiones técnicas.
Con información del medio asociado: BBCL.
Una decisión adoptada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, abrió un nuevo flanco político en el Gobierno luego de que se conociera que firmó el decreto que otorgaba la concesión para el cable submarino China-Chile, pero lo dejó sin efecto apenas 48 horas después.
Según reveldo El Mercurio, el documento, fechado el 27 de enero, concedía a la empresa CMI Chile SpA un Servicio Intermedio de Telecomunicaciones para instalar, operar y explotar un sistema de fibra óptica submarina que conectaría Hong Kong con Concón, en la Región de Valparaíso. El trazado contempla una extensión aproximada de 19.873 kilómetros y una vigencia de 30 años.
El proyecto considera tecnología DWDM (multiplexación por división de longitud de onda densa) y la instalación de 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva chilena. Además, el cronograma fijaba el inicio de obras en un mes, su ejecución en 18 meses y el comienzo de operaciones en 20 meses.
Sin embargo, el 29 de enero, la autoridad anuló el acto administrativo. Según trascendió, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) solicitó la invalidación por un “error técnico o de tipeo”, a partir de una gestión interna encabezada por el jefe de gabinete del organismo.
La situación generó cuestionamientos en el ámbito político, especialmente porque la decisión coincidió con un escenario diplomático complejo marcado por sanciones de Estados Unidos en materia de visados a autoridades chilenas. Este contexto instaló dudas sobre eventuales presiones externas.
Desde el Ejecutivo descartaron esa tesis y afirmaron que la medida responde exclusivamente a la necesidad de profundizar la revisión técnica. El canciller Alberto van Klaveren explicó que el decreto no ingresó a la Contraloría General de la República, ya que el proyecto permanece en etapa de análisis interministerial.
El propio ministro Muñoz sostuvo que “no existe ningún cambio de criterio” y que la anulación permitió continuar con el estudio administrativo. Agregó que, aunque la empresa subsanó observaciones preliminares, el proceso aún requiere cumplir etapas regulatorias antes de adoptar una decisión definitiva.
En esa línea, La Moneda enfatizó que la tramitación de una iniciativa no implica su aprobación final y que el proyecto sigue bajo evaluación.
