La abogada Carla Fernández, representante de internos en Punta Peuco, confirmó que colaboró en la redacción del proyecto del senador Francisco Chahuán, que propone cumplimiento alternativo de penas para reos geriátricos.
Con información del medio asociado: BBCL.
La abogada Carla Fernández, defensora de condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco y Colina I, confirmó que participó en la redacción del proyecto impulsado por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, que busca permitir un cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad.
En conversación con BioBioChile, la jurista explicó que su colaboración se produjo tras ser contactada por asesores del parlamentario, quienes solicitaron apoyo técnico para elaborar la iniciativa legislativa.
“Colaboré con la redacción de este proyecto”, afirmó Fernández, aclarando que la propuesta no surgió por solicitud de sus representados. “No surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”, sostuvo.
Según detalló, el texto del proyecto se construyó a partir de antecedentes jurídicos, sentencias y experiencias de litigación acumuladas durante su trabajo como defensora en causas relacionadas con el sistema penitenciario.
“El proyecto son extractos de sentencias mías y algunos escritos que muestran la realidad carcelaria del país”, explicó.
Debate por liberación de reos
La abogada también cuestionó las críticas que han surgido contra la iniciativa, particularmente aquellas que advierten que el proyecto podría facilitar la liberación de miles de condenados por delitos graves.
“Es falso que 12 mil personas quedarían libres apenas se apruebe este proyecto”, afirmó.
Fernández precisó que cualquier beneficio debería solicitarse ante un tribunal, el cual evaluaría caso a caso el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
“La persona condenada tiene que solicitarlo al Juzgado de Garantía y demostrar que cumple con ciertas condiciones. No operaría de pleno derecho”, señaló.
En esa línea, insistió en que la propuesta no constituye un indulto, sino un mecanismo alternativo de cumplimiento de pena dirigido a personas privadas de libertad en condición de vulnerabilidad por edad o salud.
“Esto no es un indulto ni un indulto camuflado. Es un cumplimiento alternativo de pena para una población penal vulnerable”, indicó.
Postura de Krassnoff y Corbalán
Durante la entrevista, la abogada también abordó la situación de dos de los internos más conocidos del penal: el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff, y el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán.
Según relató, ambos le transmitieron que no solicitarían el beneficio, incluso si el proyecto llegara a convertirse en ley.
“Ni Álvaro Corbalán ni Miguel Krassnoff solicitarían el beneficio en caso de aprobarse”, afirmó.
La jurista explicó que, en algunos casos, los condenados no cumplirían con los requisitos, mientras que en otros se trata de una decisión personal.
“Ellos prefieren morir con las botas puestas en Punta Peuco que solicitar algún tipo de beneficio carcelario”, sostuvo.
Finalmente, Fernández defendió que el debate generado por la iniciativa ha permitido abrir una discusión sobre la situación de los reos de avanzada edad en el sistema penitenciario chileno.
“Aunque este proyecto ha sido muy criticado, al menos ha puesto en discusión las condiciones indignas y el sufrimiento de los presos”, concluyó.
