El ente fiscalizador detectó millonarias apuestas de funcionarios públicos y abrió un sumario contra el alcalde George Bordachar, quien asegura que asistió a un casino en vacaciones y sin usar recursos municipales.
La Contraloría General de la República (CGR) instruyó un sumario administrativo contra el alcalde de Curicó, George Bordachar, tras su asistencia a un casino en Antofagasta, en el marco de una investigación nacional por apuestas realizadas por funcionarios públicos.
El informe del organismo detectó que 910 funcionarios, pertenecientes a 371 entidades, efectuaron transacciones por más de $11.490 millones en juegos de azar entre enero de 2024 y junio de 2025. Según la CGR, varias de estas operaciones no se condicen con los ingresos de los involucrados y podrían vulnerar normas de probidad.
En ese contexto, la situación del jefe comunal curicano quedó bajo revisión. El propio Bordachar confirmó la apertura del proceso: “Llegó desde la Contraloría el oficio que adjunta nóminas de funcionarios que habrían ido al casino teniendo prohibición”, señaló.
El alcalde explicó que su visita se produjo durante un viaje personal vinculado a una actividad deportiva. “Pedí día administrativo y quedó como alcalde subrogante Marcelo Fernández”, afirmó, enfatizando que no utilizó recursos municipales ni fondos públicos.
Además, sostuvo que la normativa específica que regula la participación de alcaldes en casinos se clarificó posteriormente. “La Contraloría aclaró este tema a fines de febrero de 2025, es decir, después de mi visita”, argumentó.
Riesgos y sanciones
La investigación se enmarca en la denominada “Regla de Oro” de la Ley 19.995, que prohíbe apostar a funcionarios con custodia de fondos públicos, categoría que, según interpretaciones recientes, incluye a los alcaldes.
En este escenario, Bordachar arriesga sanciones que van desde multas de 3 a 15 UTM, aplicadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, hasta eventuales medidas más severas en el ámbito administrativo.
La normativa considera estas conductas como una falta grave a la probidad, lo que podría derivar en la destitución del cargo. Asimismo, si las apuestas resultan incompatibles con los ingresos del funcionario, los antecedentes podrían escalar a la justicia penal, abriendo investigaciones por delitos como lavado de activos o cohecho.
Pese a ello, el alcalde aclaró que continuará en funciones mientras se desarrolla el proceso: “No hay nada todavía, seguimos siendo alcalde en funciones… es solamente el inicio de un sumario”.
