La administración del Presidente José Antonio Kast instruyó la aplicación periódica de exámenes de detección de sustancias y revisión de antecedentes para ministros, subsecretarios y asesores.
El Gobierno ratificó la implementación de una estricta política de control para las altas autoridades del país, extendiendo la obligatoriedad de los test de drogas de manera permanente. Esta medida, que inicialmente funcionó como un requisito de ingreso al gabinete en enero pasado, ahora se formaliza mediante un instructivo que alcanza a ministros, subsecretarios y equipos de asesores, quienes deberán someterse a los exámenes durante las próximas semanas.
La estrategia busca elevar los estándares de probidad y transparencia en la función pública, vinculándose directamente con otras obligaciones legales como la declaración de patrimonio y de intereses. Según antecedentes de Radio Bío Bío, el proceso no se limitará únicamente a pruebas toxicológicas —como el test de pelo para detectar consumos prolongados—, sino que incluirá una exhaustiva revisión de antecedentes para garantizar que ningún funcionario presente conflictos con los requerimientos éticos del Estado.
Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, valoró la determinación como una señal necesaria para fortalecer la confianza ciudadana. En la misma línea, el analista político Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, advirtió sobre la relevancia de estos controles frente a la amenaza del crimen organizado. “Experiencias como las de México y Ecuador evidencian los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico”, sostuvo el experto.
La medida también encontró eco en sectores de la oposición. El diputado Jaime Mulet (FREVS) y el parlamentario Cristián Tapia (PPD) respaldaron la señal política contra el narcotráfico, aunque este último sugirió que la exigencia debería extenderse a todas las autoridades del Estado sin excepción. Con esta decisión, el Ejecutivo pretende desmarcarse de cuestionamientos a administraciones anteriores, instalando una cultura de fiscalización constante en el corazón de la Moneda.
