Las movilizaciones lideradas por campesinos y sectores afines a Evo Morales mantienen bloqueadas importantes rutas de Bolivia y elevan la presión sobre el presidente Rodrigo Paz.
La crisis política y social en Bolivia continúa escalando luego de que este domingo se registraran 59 bloqueos carreteros en distintas zonas del país. Las protestas, impulsadas principalmente por organizaciones campesinas y grupos afines al exmandatario Evo Morales, exigen la salida del presidente Rodrigo Paz y mantienen paralizadas importantes rutas nacionales desde hace 19 días.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que los cortes afectan a seis de las nueve regiones bolivianas, concentrándose principalmente en las zonas andinas de La Paz, Oruro y Potosí. También se reportan interrupciones en Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.
El conflicto se intensificó tras el fracaso del segundo operativo conjunto entre policías y militares que buscaba despejar la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía estratégica para el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos.
La operación denominada “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó abrir paso utilizando maquinaria pesada y tractores. Sin embargo, los manifestantes respondieron con piedras, troncos y cargas de dinamita, obligando a detener el avance de la caravana oficial.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, relató que la comitiva sufrió varios ataques durante el operativo. “Ya me encuentro en La Paz, después de esta tercera emboscada en mi contra. Logramos pasar y llegamos como a las 2 de la mañana a la ciudad”, afirmó la autoridad tras regresar a la capital boliviana.
Pese a que el operativo logró despejar algunos tramos de la ruta, los manifestantes reinstalaron rápidamente los bloqueos, profundizando los problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios de productos básicos han aumentado considerablemente debido a la escasez.
En medio del complejo escenario, el presidente Rodrigo Paz, quien asumió hace seis meses, aseguró que seguirá impulsando el diálogo para intentar resolver el conflicto. No obstante, también advirtió que “todo tiene un límite”, dejando abierta la posibilidad de aplicar medidas excepcionales contempladas en la Constitución boliviana.
