El presidente José Antonio Kast se realizó un test capilar en la ACHS y anunció un proyecto de ley que busca extender su aplicación a autoridades, parlamentarios y candidatos.
El presidente José Antonio Kast se sometió este miércoles a un test de drogas capilar en dependencias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), instancia en la que anunció el envío de un proyecto de ley para ampliar esta exigencia a distintas autoridades del país.
La iniciativa busca reforzar los estándares de probidad y transparencia en la función pública, incorporando a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales y concejales, además de dirigentes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.
Tras realizarse el examen, el mandatario precisó que el procedimiento fue voluntario y financiado con recursos propios, en línea con la normativa vigente aprobada en febrero. En ese contexto, enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor exigencia institucional.
“Esperamos que el Congreso nos apoye para incluir a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública”, señaló el jefe de Estado, quien además propuso que el test se aplique al menos una vez al año a parlamentarios, bajo supervisión de la Contraloría.
El proyecto también contempla incluir al propio Presidente de la República, figura que actualmente no está considerada en la normativa. Asimismo, se plantea que los resultados de los exámenes se publiquen en los sitios web institucionales en un plazo máximo de 10 días.
En paralelo, el Ejecutivo anunció la modificación del decreto N.º 1.215 de 2006, con el objetivo de incorporar de manera estandarizada el test capilar, que permite detectar consumo de sustancias en un período de hasta 90 días, reemplazando o complementando el examen de orina.
“La ciudadanía está esperando mayor transparencia de sus representantes. Tenemos que recuperar la confianza en las instituciones”, afirmó Kast, quien llamó a las fuerzas políticas a sumarse voluntariamente a estas medidas mientras se tramita la iniciativa.
Finalmente, el mandatario vinculó esta propuesta con el combate al narcotráfico y crimen organizado, señalando que las autoridades deben acreditar estar alejadas de estas redes para ejercer funciones públicas.
