El Gobierno ingresó dos proyectos con suma urgencia que endurecen sanciones por delitos en recintos educativos e incorporan medidas preventivas como revisión de mochilas y control de identidad.
El Gobierno presentó dos proyectos de ley con suma urgencia para enfrentar la creciente violencia escolar, tras el fatal ataque registrado en un colegio de Calama. Las iniciativas buscan fortalecer tanto la respuesta penal como las herramientas preventivas dentro de los establecimientos educacionales.
El primero de los proyectos propone modificar el Código Penal, incorporando nuevas agravantes de responsabilidad penal para delitos cometidos al interior de recintos educativos o en actividades vinculadas a la comunidad escolar. La iniciativa apunta a que las sanciones sean más severas y proporcionales a la gravedad de los hechos.
En concreto, la propuesta incorpora un nuevo numeral que sanciona con mayor dureza los delitos cometidos contra miembros de la comunidad educativa, así como aquellos que afecten la infraestructura o bienes de los establecimientos. Con esto, el Ejecutivo busca reforzar la protección jurídica de los espacios educativos.
El segundo proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, adopta un enfoque preventivo y establece medidas orientadas a resguardar la integridad física y psicológica de estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Entre sus principales disposiciones, se incluye la posibilidad de revisar mochilas y pertenencias personales, con el objetivo de evitar el ingreso de objetos peligrosos.
Asimismo, la iniciativa fortalece la autoridad docente, promueve la resolución temprana de conflictos y establece la prohibición de cubrir el rostro al interior de los establecimientos, salvo excepciones justificadas. También incorpora sanciones asociadas a conductas que interrumpan el desarrollo normal de clases, afectando el proceso educativo.
En paralelo, el proyecto introduce cambios en la normativa de educación superior, estableciendo que quienes hayan sido condenados por delitos graves no podrán acceder a la gratuidad durante un periodo determinado.
Desde el Ejecutivo señalaron que estas medidas buscan “garantizar espacios seguros y propicios para el aprendizaje”, reforzando tanto la prevención como la sanción frente a hechos de violencia.
Listado de medidas incluidas
- Nuevas agravantes penales por delitos cometidos en establecimientos educacionales
- Revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes
- Prohibición de cubrir el rostro dentro de los colegios (con excepciones)
- Fortalecimiento de la autoridad docente en el aula
- Resolución colaborativa previa antes de denuncias formales
- Sanción a conductas que interrumpan clases o alteren la jornada escolar
- Restricción de acceso a gratuidad en educación superior para condenados por delitos graves
